El Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto licitar las obras para la construcción del futuro centro de baja exigencia de es Gorg durante el primer trimestre de 2023, por lo que estiman que los trabajos «empezarán antes del verano». Según indica la concejala de Bienestar Social, Carmen Boned, el proyecto básico ya está listo y, si nada cambia, antes de finales de año tendrán redactado el proyecto de ejecución y dirección de obra.
De este modo, a principios del año que viene se podrá tener lista toda la documentación para adjudicar la obra, que tiene un período de ejecución de dos años, así que se espera poder tenerla terminada durante el verano de 2025. Cabe recordar que la construcción de esta infraestructura acumula más de una década de retraso. De hecho, el 28 de septiembre de 2010 la entonces consellera insular de Política Social del PSOE, Patricia Abascal, anunció que el centro de atención para personas en riesgo de exclusión se iba a abrir en 2012. «Estamos en la recta final de un proyecto insular que estamos liderando desde el Ayuntamiento», explica Boned. A pesar de la voluntad de sacarlo adelante lo antes posible, se han encontrado con un pequeño bache.
Y es que el próximo 31 de diciembre finaliza el convenio que el Consistorio tiene con el Consell de Ibiza (se firmó en mayo de 2019) y que permitía la financiación para la construcción del centro, por el que se aprobaron retenciones de créditos para tres años (2020, 2021 y 2022) por valor de 5,4 millones de euros; se trata de la cantidad que el Consell iba a transferir a Vila para construir el centro.
«El convenio que tenemos de colaboración plurianual con el Consell va a finalizar y a finales de septiembre, amparándonos en una de las cláusulas del acuerdo, solicitamos una prórroga, pero de momento no hay respuesta. También les enviamos un correo electrónico con esta petición hace unos días», detalla Boned, quien añade que solo «necesitan» unos meses más. La prórroga, según las bases del convenio, permite la ampliación del mismo tres años más si hay acuerdo entre ambas partes.
Sin embargo, desde la máxima institución insular señalan que la prórroga «no es viable» y la solución pasa por firmar un nuevo convenio. « Nuestra intención es que el centro salga adelante cuanto antes, no queremos dilatar nada y así lo hemos demostrado manteniendo año tras año nuestros compromisos en los presupuestos. Simplemente hay que seguir los pasos burocráticos que nos indiquen los técnicos y habrá que sentarse con el Ayuntamiento y establecer un nuevo convenio ajustado a la realidad», detallan fuentes del Consell.
El convenio firmado hace más de tres años establecía la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra; el encargo de la redacción del pliego de obras; la construcción y el equipamiento mobiliario del centro y la dirección de obra.
El centro de es Gorg contará con 35 plazas de pernocta, nueve de mujeres y 26 de hombres, que estarán distribuidas en 21 plazas individuales y el resto de habitaciones serán dobles. Además, habrá 24 plazas de pernocta por emergencia social. La instalación también tendrá un patio interior, consigna, comedor (56 plazas), cocina, despensa, lavandería, centro de día, cuatro despachos, dos espacios de trabajo común, una sala de reuniones, un aula taller, una sala de actos y espacios exteriores (zona para animales de compañía, jardín y zona de descanso).
Vila financia tres recursos
Paralelamente, la concejala de Bienestar Social lamenta que Ibiza sea el único municipio que trabaje en facilitar recursos a los colectivos vulnerables. En este sentido, Boned recuerda que destinan partidas tanto al centro provisional de sa Joveria (que abrirá sus puertas a mediados de noviembre) como al centro de primera acogida de sa Bodega. «Hacemos tres aportaciones del presupuesto al mismo recurso», recalca.
En lo que corresponde al centro de sa Joveria, Vila aporta 307.000 euros anuales al Consell, ya que cada ayuntamiento tiene que aportar una cantidad en función de la población que tiene el municipio, siendo el de Ibiza el de mayor densidad. El coste total del servicio supera los 1,3 millones de euros anuales y el acuerdo con los consistorios es por dos años: el Consell aporta el 35% y los ayuntamientos el porcentaje restante.
En cuanto al importe del contrato licitado para la zona de primera acogida que gestiona Cruz Roja (también es un centro de baja exigencia), asciende a 389.000 euros por dos años.
