«No confío en que un tribunal, en el cual hay un cuadro de un rey, de una monarquía delincuente, que ha denunciado al Parlamento de Cataluña, pueda ser imparcial sobre las decisiones que hemos adoptado los independentistas que tenemos mayoría. Entenderán que no quiera participar en este simulacro de juicio».
Con estas palabras, el exvicepresidente ibicenco del Parlament de Cataluña, Josep Costa, de Junts per Catalunya, que, como abogado, se enfundó el jueves la toga para defenderse a sí mismo, justificó su marcha del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJB) por supuesta desobediencia contra él, el expresidente del Parlament Roger Torrent y dos secretarios de la Mesa de este órgano en la pasada legislatura.
El plante de Costa puso en jaque al tribunal, que, finalmente, decidió seguir adelante con la vista oral, ya sin el acusado ibicenco, que tiene la vista en el Tribunal de Estrasburgo, donde está «impugnando esta persecución política y ataque a la democracia parlamentaria».
El origen de todo el proceso se remonta tres años atrás, en 2019, cuando el Parlament, tras la sentencia del procés, aprobó por mayoría dos resoluciones en favor de la autodeterminación de Cataluña y otra de reprobación de la monarquía. Ambas fueron recurridas por el Gobierno central, en el sentido de que el Tribunal Constitucional (TC) ya había anulado por sentencia la declaración soberanista de 2015. Entonces, el TC, que había advertido previamente a la Mesa del Parlament, acordó denunciar ante la Fiscalía un posible delito de desobediencia y esta presentó la querella ante el tribunal catalán.
No acepta la autoridad del TSJC
Desde el principio, Costa no aceptó la autoridad del tribunal para juzgar esta causa y, de hecho, fue detenido para comparecer en el juzgado después de que se negara a acudir a su citación para declarar como investigado. El Ministerio Público pide una pena contra Costa, la misma que contra Torrent, de un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia al TC. El juicio quedó visto para sentencia el viernes.
El día anterior, tras la presentación de las cuestiones previas, fue cuando Costa plantó al tribunal. En su alegato de algo más de media hora, Costa expuso con dureza sus argumentos en contra de la causa, principalmente la defensa de «la inviolabilidad parlamentaria», que, recordó, «impide la apertura de cualquier procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidades a los miembros de la cámara por opiniones manifestadas y votos exigidos en el ejercicio de sus funciones», tal como defiende el TC, al menos antes de la crisis política en Cataluña de 2017, según dijo con ironía Costa, y el Tribunal de Estrasburgo. Recordó diversos casos, también la resolución de la asamblea parlamentaria europea de 2016 que afirmaba que «el principio de inviolabilidad es permanente y perpetuo en naturaleza y exime a los miembros del parlamento de cualquier tipo de procedimiento legal por actos o expresiones que hayan hecho, votos u opiniones expresadas en el ejercicio de sus deberes».
«Me deberían contestar en qué país democrático se ha juzgado a un parlamento por sus debates. Me creo en el derecho de exigirles que nos digan un caso en el que un tribunal de un país decente no aplica la inviolabilidad parlamentaria», retó Costa a los magistrados.
Separación de poderes
«Me llamo Josep Costa i Rosselló. No tengo ningún cargo de representación política en este momento, por lo que la inhabilitación que me pueda suponer este procedimiento me es indiferente. Lo que me preocupa no es que se juzgue a mi persona sino a la actividad parlamentaria», dijo el abogado ibicenco, para introducir la segunda cuestión clave: la separación de poderes.
«Sin inviolabilidad parlamentaria no hay separación de poderes y, sin ello, no hay Democracia. Durante años hemos oído que sin leyes ni Estado de Derecho no hay Democracia, pues sin separación de poderes tampoco. Y es un escándalo que aquí estemos cuatro personas [las acusadas], que no somos más que personas elegidas por la mayoría del Parlament, elegido a su vez por la mayoría del pueblo de Cataluña para defender sus ideas. Y los magistrados, que me perdonen, no tienen derecho a interferir en lo que vota el Parlament si hay un régimen de separación de poderes», agregó.
Entre otras consideraciones, Costa leyó una proposición aprobada por el Parlament el 7 de agosto de 2020, un año después de las que le han llevado al banquillo, en la que el Parlament se mostraba mucho más contundente contra la monarquía, y abogaba por la independencia. «El Parlament declara que Cataluña es republicana y no reconoce ni quiere tener ningún rey, recuerda que la dinastía de los Borbones ha sido una calamidad histórica para Cataluña y específicamente el rey Juan Carlos I, que aceptó la sucesión del general Franco jurando fidelidad a los principios de su régimen...». La propuesta también denunciaba «la connivencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para sustraer a la monarquía de cualquier fiscalización o control democrático, que llega a su momento culminante con la huida del rey Juan Carlos para evadir la acción de la justicia...».
Contradicción entre resoluciones
Costa subrayó que esta resolución es «más explícita sobre la voluntad de derrocar a una monarquía delincuente que somete al pueblo de Cataluña» que las que originaron la causa judicial. «Alguien deberá explicarme a mí o al Tribunal de Estrasburgo por qué no se ha iniciado un procedimiento por esta resolución, pero sí por otras [las de 2019] simbólicas y que no tenían la contundencia política de esta».
Josep Costa reveló al tribunal su propia hipótesis: «El motivo por el que todos estamos aquí es porque el señor Pedro Sánchez [el presidente del Gobierno] tenía una campaña electoral [las elecciones del 10-N de 2019] y le molestaba lo que pudiera hacer el Parlament».
Aparte de defender que la causa es de una «nulidad radical desde el primer día», también denunció en su alegato la composición del tribunal. Costa había logrado previamente que dos magistrados fueran recusados, entre ellos el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, por el hecho de que éste se levantó y se marchó de un acto en el que Torrent denunciaba la situación de «los presos políticos». El abogado ibicenco cuestionó que «el propio magistrado recusado fue quien eligió a los sustitutos». «¿En qué país se considera normal? Una persona recusada por falta de imparcialidad decide a las personas que le deben sustituir. Es grotesco o peor», dijo.
