«Con estos sueldos es imposible vivir en Ibiza», afirma Rosa Planells, portavoz del sindicato de auxiliares de enfermería USAE, durante la concentración frente a la delegación de Educación para exigir el complemento de insularidad para los empleados públicos. Una protesta que se celebró ayer de forma simultánea en todas las islas de Balears menos en Formentera convocada por la plataforma Unión por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep). Ayer se centraba en los docentes, de ahí que se convocara frente a Educación, pero en las próximas semanas se repetirán en otros puestos de trabajo, indicaron.
«El complemento de insularidad nos permitiría hacer frente a la carestía de las islas y en particular de las Pitiüses, donde sufrimos una doble o triple insularidad», apunta Carles Rizo, portavoz del sindicato de educación ANPE mientras a su espalda medio centenar de empleados públicos (sanitarios, docentes, cuerpos de seguridad, trabajadores de la Administración...) lanzan su grito de guerra: «¡Igualdad de residencia! ¡Igualdad de residencia!». El grupo enarbola una decena de plátanos inflables con los que recuerdan que lo que piden para ellos ya lo tienen en Canarias. «Allí tienen un complemento de insularidad de entre 300 y 400 euros más que en Balears», apunta Rizo, que cree que están en el camino para lograrlo.
«Se ha aprobado el decreto que regirá los presupuestos de este próximo ejercicio, hay un aumento significativo y queremos que se acuerden de los servicios públicos», continúa el portavoz de ANPE, que recalca que el elevado coste de la vida y especialmente de la vivienda que se registra en Eivissa afecta tanto a quienes se desplazan de fuera de la isla como a los residentes.
«Los funcionarios de justicia estamos cobrando entre 60 y 70 euros al mes de insularidad mientras que en las islas menores de Canarias están cobrando entre 400 y 500 euros. A eso hay que añadir que en las Canarias afecta también a la antigüedad, de manera que la base de cotización es mayor», comenta Sabino Aramburu, portavoz del CSIF. «A ello hay que añadir el agravante de que allí tienen una exenciones fiscales que no tenemos nosotros», continúa Aramburu, que destaca los problemas que tienen para cubrir plazas: «Os puedo garantizar que entre el 40 y el 50% están vacantes o cubiertas por interinos y eso se soluciona con un plus de insularidad». El portavoz del CSIF pone como ejemplo un caso reciente: «Un muchacho de Tenerife que ha aprobado la oposición y tiene que venir a trabajar a la dirección insular. «No va a venir. Va a cobrar 1.100 euros, así que no va a venir».
La diferencia entre cobrar y no cobrar ese plus de insularidad varía dependiendo del puesto de trabajo y la categoría, pero en todos los casos supone una diferencia de al menos 300 euros al mes, indican los portavoces de los sindicatos, a los que aplauden algunos de los trabajadores de la propia delegación de Educación, asomados a la ventana.
Lo que denuncia Aramburu les suena a todos. A los portavoces de los médicos, a las de los sanitarios y al del colectivo docente. Carles Rizo asegura que les llaman al sindicato maestros y profesores recién llegados a la isla. «Nos pedían ayuda porque llevaban una semana durmiendo en el coche y duchándose en el gimnasio», relata el portavoz de ANPE, que insiste en que estos docentes, desplazados a la isla para una sustitución no pueden, siquiera, pagarse el alojamiento en un hotel de la isla debido al sueldo y a los elevados precios de las habitaciones. «Vienen a trabajar, no de vacaciones, y se pasan cuatro o cinco noches durmiendo en un coche. Es gente de 28 o 30 años, gente muy cualificada, y que, después de luchar tanto, se ve así», continúa Rizo, que señala que estos docentes sustitutos no tienen la opción de negarse a venir. «En el caso de Educación, si dices que no vienes te penalizan con dos años sin poder trabajar aquí», continúa.
