Cazar a los infractores que comercializan alquileres turísticos ilegales «no es tan simplón como tocar a la puerta de una casa y encontrar turistas dentro». El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, explica que detrás de cada denuncia hay un trabajo importante comparable al de «una instrucción policial». «Cuando se detecta un anuncio, se intenta localizar primero la ubicación de la vivienda y quién es el explotador, que no siempre es el propietario. Los inspectores comienzan a tirar del hilo con fotos, correos, números de teléfono y cuentas, y cuando tienen suficiente carga probatoria [para contar con el apoyo judicial], se eleva a un letrado de la institución para que instruya el expediente. Es un trabajo de hormiga», describe Juan.
Cada uno de los cinco inspectores del Consell trabajan actualmente en la recopilación de pruebas sobre una media de 80 casos, tanto de anuncios detectados en el rastreo de las redes, que son la mayoría, como por denuncias ciudadanas anónimas. Cada expediente implica al menos cinco o seis visitas a la casa. Hay que tener en cuenta, recuerda el vicepresidente primero, que, por un lado, se persigue que se publiciten anuncios de alquileres ilegales y, por otro, su efectiva comercialización. Es decir, que haya turistas en el interior de la vivienda.
Pese al fuerte incremento de la actividad turística tras la pandemia, el vicepresidente indica que el número de denuncias que se tramitan «no llega al nivel del verano de 2019». «Parece que ha habido una cierta limpieza del mercado, pero lo sabremos tras el balance de final de temporada».
Hace unos días, a raíz de que este diario revelara una vez más la existencia de anuncios en Airbnb de alquileres turísticos ilegales en Ibiza en infraviviendas, como tiendas de campaña o chozas, el PSOE denunció que el protocolo que el Consell suscribió con esta plataforma es «una tomadura de pelo».
Mariano Juan aclara que dicho acuerdo no implica la retirada de anuncios de la plataforma, sino que esta se comprometió a «compartir información con la Administración para identificar a los infractores». «No sirve para que Airbnb quite masivamente anuncios o, infantilizando el discurso, para que se porte bien», destaca.
En este sentido, el vicepresidente recuerda que Airbnb garantizaba a los infractores, hasta la firma del protocolo, una vía de comercialización anónima, ya que, además de no identificar al explotador (ya sea el propietario o un inquilino que lo subarrienda) tampoco aparece siquiera la dirección concreta de la vivienda. «Sólo un plano con una chincheta en una calle», señala Juan.
Más de 70 anuncios
El vicepresidente señala que, a petición del Consell, esta plataforma ya ha facilitado datos de más de 70 anuncios, sobre todo números de teléfono (también nombres y direcciones), para identificar a posibles infractores. Desde que se puso en marcha, en este mandato, la oficina de lucha contra el intrusismo, el Consell ha logrado la retirada de 500 anuncios de alquileres ilegales, según informa Juan. «No todos de Airbnb», aclara.
También destaca que, gracias a las aportaciones de la oficina de lucha contra el intrusismo, se han logrado cambios en la ley que facilitan y aumentan el rendimiento de los inspectores, como el hecho de que ahora se puedan hacer pasar por turistas (para hacer una reserva, por ejemplo) y dicha práctica sea validada por los juzgados y no se considere inducción a la infracción de la otra parte.
Juan señala que se ha iniciado el procedimiento administrativo para reforzar el departamento con tres inspectores más (ocho en total), aunque puntualiza que no sirve de nada aumentar el cuerpo de inspección si «no se potencia la tramitación de los expedientes y se evita que acaben caducando.
«El problema no se solucionará sin el precinto de pisos»
El vicepresidente primero, Mariano Juan, reitera que el problema del alquiler turístico ilegal «no se solucionará» hasta que se modifique la ley para permitir el precinto de pisos, tal como, destaca, ya se hace en Barcelona. «Sólo poniendo multas, habrá alquiler turístico ilegal hasta el fin del mundo. Poner multas de 20.000 o 40.000 euros a algunos les sale rentable y más a los que son extranjeros porque no se pueden cobrar», destaca Juan, que agrega: «Tanto si tenemos cuatro o 40 inspectores, si no podemos cerrar los pisos, la gente sigue ganando dinero».
