La aplicación del decreto contra el turismo de excesos ha pasado de ser un asunto en pro de la mejora de la calidad de la zona del West End a un enfrentamiento político. Es lo que dicen desde Ocio de Ibiza y Pimeef, dos de los sectores involucrados en la normativa que pretende regular los excesos en la parte más conflictiva de Sant Antoni.
«No puede ser un problema político porque entonces será un problema crónico y no tendrá solución», advierte el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez. Aun así, señala que «falta presencia policial y es el único sitio de la isla donde existe gas de la risa, un producto muy barato que no sabemos todavía si es perjudicial para la salud», añade.
Asimismo, considera que los empresarios tienen en su mano la opción de cambiar el modelo actual. «El West será lo que los empresarios quieran. A pocos metros está la zona de la puesta de sol, una de los mejores sitios de la isla. Esos empresarios sí que cambiaron el tipo de turista con reformas, precios más altos y eliminando las 'happy hour'. El West es el clarísimo ejemplo de que una manzana podrida fastidia a todas», subraya.
Benítez lamenta que Sant Antoni, que considera que ha sido referente turístico a nivel mundial, «ahora sea más conocido por dos malditas calles». Por ello, considera que «hay que sentarse, olvidar los colores políticos y buscar una solución».
En la misma línea se muestra el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, que, sin querer posicionarse, solo pide unificar criterios. «Lo que creemos es que hay una disputa entre administraciones y se está mareando al empresariado», sostiene. Así, dice que «tienen que ponerse de acuerdo [Govern balear, Consell de Ibiza y Ayuntamiento de Sant Antoni] para ayudarnos a nosotros a ser mejores», zanja.
Enfrentamiento político
El Ejecutivo balear se muestra sorprendido después de que el Consell de Ibiza afirmara que los inspectores no han detectado infracciones en la zona del West. «¿Cómo es posible que el Consell de Mallorca haya levantado 48 actas de infracción y el de Ibiza ninguna?», pregunta el conseller de Turismo, Iago Negueruela.
En lo que va de temporada turística, se han levantado 90 expedientes de infracción y se han cerrado, de forma cautelar, ocho establecimientos por incumplir el decreto; todo en Mallorca. Negueruela explica que son las instituciones las que remiten al Govern las infracciones para que puedan ratificar las propuestas de sanción; sin embargo, «esto no ha pasado en Ibiza. En Mallorca funciona el mecanismo de procedimiento y en Ibiza no», cuestiona.
«¿Cómo puede ser que la Policía Local de Sant Antoni no haya detectado, por ejemplo, ningún caso en el comercio? ¿No ha habido ni un cierre fuera de horario? ¿Alguien se cree que no hay ‘rutas etílicas’ en el West? ¿Que no hay promoción alcohólica?», añade.
A juicio de Negueruela, el Consell está haciendo un «ejercicio de impunidad que se quiere disfrazar para que parezca que el Govern no hace nada». Asimismo, recuerda que la norma nace del departamento de Turismo, por lo que «todo lo sancionable importante es de este ramo, que es competencia del Consell», apunta.
Por su parte, el Consell de Ibiza reitera que cumple con su parte del decreto. «Hemos hecho inspecciones y no se han detectado infracciones en ninguno de los cinco puntos en los que tenemos competencia, en base al la ley de excesos. El resto de puntos son competencia del Govern», insiste el conseller de Lucha Contra el Intrusismo, Mariano Juan.
En esta línea, fuentes del Consell informan de que el día 5 de julio por la noche se inspeccionaron un total de 14 establecimientos exclusivamente para comprobar si cumplían con el decreto contra el turismo de excesos.
Las inspecciones
«En el momento de la inspección no se observa ninguna infracción de los artículos relativos a la normativa turística de dicho decreto. No obstante, se informa del obligado cumplimiento de los preceptos contenidos en la norma y se advierte de las sanciones aplicables», se puede leer en una de las inspecciones, que tuvo lugar el 5 de julio a las 21.50 horas en la calle Santa Agnès, y que está firmada por uno de los camareros del local y el inspector de la institución.
«Se habían hecho antes otras batidas similares y se seguirán haciendo. Se pasará por todos o prácticamente todos los establecimientos objeto del decreto ley», concluyeron desde el Consell.
