La sección de disciplina urbanística del Consell de Ibiza ha abierto en los últimos dos años la vía penal, ya sea con una denuncia en la Fiscalía o en los juzgados, para seis expedientes de obras ilegales en suelo rústico protegido al apreciar un posible delito contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.
Una de las denuncias afecta a una villa ubicada en la Venda de Xarracó, en Sant Joan, en un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (SRP-AANP), Área de Protección de Costas (APT) y que forma parte de la Red Natura 2000. Las obras ilegales detectadas por la institución consisten en la ampliación de edificaciones, la eliminación de cubierta vegetal, la construcción de depósitos de agua e infraestructuras de abastecimiento soterradas, muros de cierre de la finca y la apertura de viales, entre otras cosas, sin ningún tipo de autorización. La cuantía de la posible sanción por las infracciones cometidas, cuya tramitación está en suspenso mientras se instruyen las diligencias penales, asciende inicialmente a 2,6 millones de euros.
Otro de los expedientes de mayor peso, por la cuantía de la multa proyectada (dos millones de euros), concierne a las sucesivas obras de ampliación de una villa en la zona de es Cubells, en Sant Josep, también en SRP-AANP, APT y Red Natura 2000.
El vicepresidente primero y responsable del departamento de Territorio del Consell, Mariano Juan, destacó hace dos meses, en un balance de la actividad en disciplina urbanística, que «se ha consolidado la tendencia clara al alza del número de expedientes». Por ejemplo, el año pasado se abrieron 26, seis más que en 2020 y más del doble que en 2019 (10). En 2018, el año en que se puso en marcha esta sección, se abrieron siete procedimientos.
La Ley de Urbanismo de Balears, que entró en vigor en enero de 2018, estableció por primera vez que la disciplina urbanística en suelo rústico protegido pasaba a manos de los consells insulares.
La persecución de las infracciones en suelo rústico común, al igual que en urbano, depende de los ayuntamientos, aunque en el caso de que la Administración municipal no actúe ante unas obras ilegales en el campo, el Consell, previo requerimiento, puede subrogarse e instruir el correspondiente expediente de disciplina urbanística. Hay que tener en cuenta, además, que con la ley balear de Urbanismo las infracciones cometidas en cualquier tipo de suelo rústico (incluido el común) ahora no prescriben nunca.
La plantilla de la sección
El anterior gobierno del Consell puso en marcha en septiembre de 2018 la nueva sección de disciplina urbanística con un letrado, un administrativo y sólo un celador. Hay que tener en cuenta que el suelo rústico protegido, los parajes protegidos por la Ley de Espacios Naturales (ANEI, ARIP y APT), entre otras normativas, ocupan la mitad aproximadamente del territorio de la isla, según Juan. Pese a la elevada extensión de territorio a vigilar y el aumento de expedientes de infracción, esta sección de disciplina urbanística aún tiene a un único celador.
En concreto, el Consell cuenta en este momento con un letrado, un Técnico de la Administración General (TAG), un aparejador y un celador en exclusiva para tramitar los expedientes de disciplina en suelo rústico protegido. Además, un arquitecto superior da apoyo a esta sección cuando el expediente que se tramita lo requiere, según Mariano Juan.
El vicepresidente primero asume que un celador es insuficiente, pero explica que los técnicos también hacen labores de inspección. En todo caso, el equipo de gobierno tiene previsto incluir este año en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que está tramitando, «un cuerpo de inspectores», aunque aún no se ha concretado cuántas personas lo formarán.
Colaboración del Seprona
También indica que, aunque sólo haya un celador, «la gran mayoría, prácticamente todos» los expedientes que se tramitan en el Consell son de «oficio». «Hay pocas denuncias», indica el vicepresidente, al tiempo que destaca también la labor del Servicio de Protección de la Naturalesa (Seprona) de la Guardia Civil, que colabora en la detección de infracciones, al igual que los agentes de Medio Ambiente del Parque Natural de ses Salines.
«Colaboramos todos, al igual que nuestro celador también envía medio centenar de denuncias a los ayuntamientos cuando se detectan infracciones en suelo rústico común», recalca.
