«El objetivo es que se derriben las construcciones ilegales, no recaudar». Bajo esa premisa trabaja el departamento de Gestión del Territorio, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza. En este sentido, el conseller del área, Mariano Juan, explicó ayer que «existe una clara tendencia de aumento en el número de expedientes abiertos por infracciones en suelo rústico protegido», que supone aproximadamente el 50% del territorio de la isla. El suelo urbano es competencia exclusiva de los ayuntamientos.
En el momento de detectar la infracción se abren dos expedientes: el de imposición de la sanción y el de legalización o derribo de las obras. En cifras, casi se ha cuadruplicado el número de procedimientos de legalidad o sancionadores iniciados desde 2018. En ese año fueron siete, mientras que en 2021, 26; en 2019 y 2020 se abrieron 10 y 20, respectivamente. En este sentido, la cuantía de los procedimientos también ha aumentado y superan los once millones en los cuatro últimos años: 120.000 euros en 2018; 546.000 en 2019; seis millones en 2020; y 4,4 millones el año pasado.
El problema, a la hora de cobrar estas multas, es la lentitud de la administración. «Si es una obra ilegalizable se envía a Fiscalía para que observe si existe delito sobre la ordenación del territorio. Por eso van tan lentos los expedientes porque, además, el Consell suspende la tramitación mientras está en Fiscalía», indica Juan.
Esto significa que, a día de hoy, apenas se han logrado recaudar 300.000 euros que, según subraya el conseller, se corresponden a personas que han pagado de forma voluntaria la multa o que han legalizado la propiedad, por lo que «tienen bonificaciones de hasta el 80%», dependiendo el caso. «En los dos últimos años se ha derribado una vivienda, cuyo expediente está en Fiscalía, pero la multa tiene una reducción por haber demolido las obras. También se ha derribado una ampliación de una casa, que paga menos que la sanción interpuesta inicialmente. Además, se han desmontado dos yurtas ilegales, con descuento en la sanción», puso a modo de ejemplo.
Asimismo, la paralización de obras ha experimentado un «crecimiento exponencial», dijo Juan, «y seguirá esta tendencia de aumento». De momento, en 2021 se interpusieron 16 medidas cautelares y se abrieron 76 investigaciones de disciplina urbanística. Respecto a estas últimas, Juan matizó que «no significa que los tramite todos el Consell, a veces tenemos que derivarlas a los ayuntamientos».
Viviendas nuevas
El Consell de Ibiza hizo ayer un balance del trabajo realizado por el departamento de Gestión del Territorio, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo durante la actual legislatura, en el cual destacó el trabajo realizado por los técnicos en relación al desbloqueo de expedientes para reformas u obra nueva.
En los tres últimos años, la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historicoartístico (Ciotupha) ha concedido 228 autorizaciones en suelo rústico. Del total, 59 se han podido emitir debido al desbloqueo tras los cambios normativos en la ley agraria, 13 de ellos referentes a vivienda nueva. «Muchos ciudadanos tenían parcelas o querían comprar para construir y no sabían si podían pedir el permiso. Muchos se quedaron en el limbo con una inseguridad política importante», sostuvo el conseller.
Además, el departamento «tiene al día» las cédulas de habitabilidad de primera ocupación. «Se dan máximo con una semana, lo que era inaudito antes, cuando se tardaba hasta un año», explicó Juan. En los dos últimos ejercicios han concedido 2.900. Cabe recordar que estas desaparecerán gracias al reglamento de simplificación administrativa que tramita el Consell.
En cuanto a las renovaciones y cédulas de carencia, referentes a «casas antiguas donde hay más problemas porque suelen detectarse obras ilegales», se ha pasado de un año a los tres meses para su resolución. «No es suficiente, pero seguimos trabajando en ello», dijo Juan refiriéndose a que los técnicos hacen horas extra por las tardes para reducir la demora. Asimismo, la institución prevé reducir la documentación que tiene que aportar el ciudadano para obtener la cédula.
Inversión interna
Paralelamente, Juan detalló que el departamento de Ordenación Turística ha dado luz verde a 25 proyectos de reforma, modernización y/o mejoras de la eficiencia energética e hídrica en hoteles y restaurantes de la isla en 2021, con un valor en inversión de más de 55 millones de euros, sin que haya supuesto «ningún aumento de plazas, por el contrario, se han eliminado cuatro».
Una de las prioridades, recalcó el conseller, era «movilizar» la inversión privada para mantener puestos de trabajo durante la pandemia. «Se han desbloqueado todos los proyectos de reforma, la mayoría hoteleros», añadió.
Por delante aún queda trabajo por hacer, reconoció Juan, refiriéndose a poder precintar los pisos turísticos y así evitar que continúen con la actividad, además de lograr hacer un registro de taxistas ‘pirata’, entre otras cuestiones.
