Los detectives privados contratados la temporada pasada por el Consell de Ibiza para poner coto a las fiestas ilegales en la isla alertaron de la celebración de varias de ellas en los municipios de Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària. En el momento en el que constataron que en determinadas viviendas (donde se celebraban este tipo de eventos) había ánimo de lucro con el cobro de entradas, por ejemplo, dieron aviso a las policías.
Como consecuencia, la Policía Local de Sant Antoni interpuso en 2021 un total de once denuncias por fiestas ilegales, dos de ellas detectadas por los detectives del Consell, aunque solo se han incoada cuatro. Según explican desde el Ayuntamiento, la mayoría fueron por incumplir la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones, aunque también hubo sanciones por saltarse la Ley de Actividades, de las cuales ya se ha cobrado el importe de una por valor de 18.000 euros al confirmar que se trataba de una fiesta ilegal. En trámite hay otra sanción por valor de 30.000 euros, señalan.
«La dificultad en este tipo de infracciones reside en acreditar que el evento se trata de una actividad y no de una mera reunión privada que, si bien puede estar molestando a los vecinos, eso es objeto de infracción por molestias vecinales, pero no por actividades», subraya la concejala de Gobernación, Neus Mateu. «Desde el departamento necesitan indicios claros del ejercicio de una actividad organizada, con pago de entradas o similar o venta de bebidas o comida. De ahí la dificultad de las inspecciones policiales de acreditar todos esos elementos», añade.
A los efectos de la tipificación, explica Mateu, «hemos propuesto e impuesto, en algunos casos, el máximo de la sanción prevista en dicha norma, esto es, 30.000 euros, pero cada circunstancia es excepcional e, incluso, se podría llegar a entender que podríamos estar ante una infracción muy grave, lo cual elevaría mucho la multa, pudiéndose imponer hasta 300.000 euros. No ha ocurrido hasta la fecha en el departamento en lo que a fiestas ilegales se refiere, pero sí en lo que a actividades ilegales se refiere».
La concejala confía en que el endurecimiento de la normativa (con los cambios que se presentaron hace unos días y que se aprobarán en Consell de Govern) tenga efecto «disuasorio» a la hora de acometer estas infracciones. Aún así, lamenta que «el Govern balear no haya intentado buscar solución al impedimento que nos encontramos, que es que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acceder al interior de las fiestas ilegales para abortarlas de inmediato y evitar molestias a los vecinos, que son quienes las sufren directamente».
Sancionar «directamente»
Precisamente de ello se quejó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien dijo que las propuestas hechas al Govern eran «más ambiciosas» que las recogidas finalmente para modificar la Ley de Actividades. Aún así, todas las administraciones ibicencas consideran positivos los cambios que, entre otras cuestiones, permitirán no solo sancionar a los organizadores de estas fiestas, sino también a los colaboradores, propietarios de las viviendas y asistentes.
Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni explican que el resto de sanciones interpuestas el año pasado fueron por incumplir la Ordenanza Municipal de Ruidos que, según reza la norma, tiene especial sensibilidad por las molestias que producen a los vecinos las fiestas organizadas en casas particulares. Las multas oscilan entre los 2.000 y los 9.000 euros, reiteran fuentes municipales.
Sant Josep y Santa Eulària
El Ayuntamiento de Sant Josep interpuso dos sanciones el año pasado por fiestas ilegales; una de ellas previo aviso de los detectives del Consell. «Es muy difícil de demostrar que en una vivienda se está haciendo una fiesta que tiene ánimo de lucro», coinciden con las declaraciones de Sant Antoni. Aún así, en una se propuso una sanción de 15.000 euros, pero «han interpuesto un recurso de reposición que el Consistorio tiene que contestar», explican.
Las más habituales, una vez más, son las infracciones a la Ordenanza de Ruidos que se saldaron con 21 denuncias en 2021 en el municipio, de las cuales 20 ya se han resuelto. Todas ellas tenían una multa de 600 euros, aunque «ocho reconocieron su responsabilidad», por lo que se les aplicó el 50% de reducción del pago.
Desde Santa Eulària sólo han informado de que hay un expediente abierto sobre el que la parte denunciada ha presentado alegaciones. «Hay que contestarlas», indican, «pero se trata de una posible fiesta ilegal en Roca Llisa con decenas de personas en las que los identificados son extranjeros». Fuentes municipales dicen que los detectives dieron aviso a la policía.
