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La Oficina Anticorrupción pide que el Consell de Ibiza tome medidas por el caso Marta Díaz

Solicita que se abran expedientes sancionadores y disiciplinarios y que se aumente el control

Imagen de archivo de un pleno en el Consell de Ibiza Vicent Marí

El informe de la Oficina Anticorrupción de Balears también pide al Consell de Ibiza que tome medidas y depure responsabilidades por el caso de los gastos de la consellera Marta Díaz. En concreto, solicita que se inicien los procedimientos administrativos, sancionadores y disciplinarios que se estimen necesarios. Hay que tener en cuenta que la Oficina Anticorrupción considera que ha habido negligencia por parte de los interventores y tesoreros en el control del gasto público de la institución insular.

También solicita al presidente del Consell que tome nota de las carencias de control del sistema de anticipos de caja fija e impulse un mecanismo de control y unas normas limitativas para evitar posibles usos irregulares de las tarjetas institucionales.

Precisamente, el Consell informó, en octubre de 2019, que desde el principio de este mandato, el departamento de Intervención pide una justificación por escrito de los gastos de la caja fija, los que se dedican a dispendios de representación y manutención en los desplazamientos fuera de la isla. En dicha justificación debe aparecer dónde, cuándo y por qué se ha hecho el gasto, según informó entonces la institución.

En el caso de Marta Díaz, en el pasado mandato, la entonces vicepresidenta segunda presentaba los tiques, con su firma, grapados en un folio en el que se apuntaba la fecha y el motivo del gasto con un escueto «comida Adlib» o «reunión preparatoria Adlib», por ejemplo, sin ninguna explicación añadida de las personas que habían participado y el motivo.

En su informe, la Oficina Anticorrupción de Balears también pide al Consell que adopte los controles adecuados para cumplir la Regla 39, referida al archivo y conservación de los justificantes de las operaciones y de los soportes de las anotaciones contables, tal como se prevé en la normativa.

Asimismo, solicita al Consell que le informe en un plazo de tres meses desde la recepción del informe sobre las medidas adoptadas para corregir las irregularidades del pasado mandato o, en su caso, las razones que impiden hacerlo. La fecha del informe es del pasado 4 de noviembre.

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