Una quincena de funcionarios de la Policía Nacional puede empezar a trasladarse desde esta mañana a las casas rehabilitadas en la manzana comprendida entre las calles Retir y Alt en sa Penya, conocida como UA-27 cuando allí se concentraban las infraviviendas más degradadas y el foco más conflictivo de un barrio estigmatizado por la venta de drogas. Culmina así un proceso de 13 años desde los primeros trámites de expropiación, con los posteriores retrasos para desalojar a los okupas, hasta poner en marcha un revulsivo a la seguridad y recuperación social de sa Penya convirtiendo a los policías en vecinos del barrio.
«Este es el punto de partida para que el barrio consiga un ambiente diferente», destacó ayer el alcalde, Rafa Ruiz. Aunque dejó claro que se trata de «un paso decidido, pero no el definitivo», Ruiz valoró que la mudanza de los agentes a sa Penya supone «el final del recorrido para llegar a un hito importantísimo». «La inversión privada está esperando y será una paso más», aseguró el alcalde.
Ruiz visitó las viviendas rehabilitadas junto al comisario de la Policía Nacional en Ibiza, Manuel Hernández, que recordó que recibió esta propuesta desde el Ayuntamiento en una reunión de la Junta local de seguridad en julio de 2019. «Se consiguen dos objetivos muy importantes: contribuir a la sensación de seguridad en el barrio y mejorar el problema de la viviendas para funcionarios», indicó el comisario.
Precios asequibles
La manzana rehabilitada en sa Penya, donde se apiñaban 44 infraviviendas, ahora consta de 12 apartamentos de entre 45 y 75 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, una de ellas subterránea. Todas están equipadas con sala de estar, comedor, cocina y una o dos habitaciones. Diez apartamentos tienen la entrada en el Carrer Alt, mientras que las otras dos dan al Carrer del Retir.
Como algunos de los funcionarios compartirán piso, en total se mudan quince agentes, según detalló Hernández. Todos ellos forman parte de la plantilla fija en Ibiza, «establecidos aquí y que no van a concursar para salir de Ibiza», subrayó.
«Así se logra asentar la plantilla, porque cuesta que se consoliden cuando cobran lo mismo aquí que en Segovia o Cuenca, donde la vivienda es más asequible», añadió, por su parte, el alcalde. Así, el Ayuntamiento ha fijado un alquiler de las casas de sa Penya «asequible y razonable, para que fuera lo más atractivo posible» para los policías, aunque el alcalde rehusó detallar el precio final. «Es una información personal que queda dentro de la intimidad de los inquilinos», justificó .
Las obras para rehabilitar la manzana de la UA-27, financiadas por el Consorcio Patrimonio de la Humanidad, han supuesto una inversión de 1,9 millones de euros, mientras que la compra del mobiliario y la instalación eléctrica en el barrio han costado 117.000.
Además, se han destinado otros 690.000 euros en las obras de urbanización de las calles Retir y Alt, con la renovación de las instalaciones, saneamiento y el soterramiento de los cables que colgaban de los bloques, según detalló el concejal de Patrimonio, Pep Tur. «También se han retirado las plataformas de hormigón [de un costado del Carrer Alt] y se ha recuperado el corte de piedra natural, con lo que se da más amplitud y luz al barrio», detalló.
El proyecto global de estas obras incluye la reforma del mirador de la Casa Bronner, que será el próximo trabajo que se llevará cabo.
"Ha sido un proceso muy largo durante diferentes mandatos para recuperar sa Penya y normalizarlo como un barrio más de Vila"
Antecedentes
«Este ha sido un proceso muy largo durante diferentes mandatos, para recuperar sa Penya y normalizarlo como un barrio más de Vila», recordó el alcalde. «Hace siete que recalcamos que se trata de un proyecto a medio plazo, porque el hecho de que consiguiéramos desalojar el edifico [de la UA-27] no iba a significar que fuera un proceso rápido», añadía el concejal de Patrimonio.
El 28 de enero de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza, con Lurdes Costa como alcaldesa, aprobaba redactar la relación de bienes de la UA-27 para iniciar la expropiación de 44 viviendas, en su mayor parte ocupadas de manera ilegal.
La intención, en ese momento, era levantar allí 14 viviendas de protección oficial (VPO) y habilitar una zona de equipamientos para los habitantes del centro histórico. Diez meses después, se tasó la expropiación forzosa de las fincas en 2.923.126 euros, a un precio de cerca de 1.900 euros el metro cuadrado.
No obstante, se tuvo que esperar hasta finales de abril de 2016 para desalojar 17 viviendas de esta manzana que seguían okupadas y para lo que se requirió un amplio despliegue policial, con la llegada de equipos antidisturbios de la Península.
Finalmente, dada la problemática social del barrio, se descartó destinar el bloque a VPO tras su rehabilitación y surgió la propuesta de invitar a policías nacionales a residir allí, a un precio simbólico. En esta última fase del proceso, se contemplaron un total de 11 viviendas, pero se sumó una más en una zona prevista como espacio común y almacenes.
En este mismo bloque hay un local que se quiere convertir «en un horno y cafetería, pero habrá que esperar a que mejore el barrio». El Ayuntamiento dispone de otras seis casas en sa Penya, una de ellas pendiente de desalojo y otras dos que se usan en casos de emergencia social. «Estamos estudiando qué hacer con estas otras viviendas», indicó Tur.
20 años de la revuelta que arrojó las verjas contra el narcotráfico al mar
El exalcalde Xico Tarrés no ocultaba ayer su satisfacción al conocer que un grupo de 15 policías nacionales ya podía recoger las llaves para entrar a vivir en sa Penya. Regresaba de unas compras por el centro de Vila, pocos minutos después de que el Ayuntamiento y la Policía Nacional atendieran a la prensa en las viviendas de las calles Alt y Retir, cuando se cruzó con Diario de Ibiza.
«Todo esto empezó después de aquella revuelta vecinal en que arrojaron las verjas al mar. Fue el punto de inflexión que nos hizo decir basta», recordó.En uno de los primeros macrooperativos contra la venta de drogas en sa Penya, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, se desplegó en todas las entradas a sa Penya para identificar y cachear a los sospechosos que se dirigían al barrio o salían de él.
Entonces, la Dirección insular del Estado, con Marienna Sánchez Jáuregui al frente, propuso al Ayuntamiento de Eivissa que se instalaran verjas para cerrar algunas callejuelas que facilitaban un entramado laberíntico para huir de los agentes. Las rejas se colocaron el 3 de octubre de 2002, ante las airadas protestas de unos vecinos que decían sentirse como «en el Gueto de Varsovia».
Pocos días después desaparecieron las verjas, que fueron arrojadas al mar. «En esa época, nos arrojaban de todo desde las ventanas cuando fui al barrio con Francesc Antich [expresidente del Govern]», evoca Tarrés.
