La historia del barrio de sa Penya es, al menos en el último medio siglo, la crónica de un fracaso. La suciedad, el tráfico de drogas, los hurtos y el absentismo escolar son algunos de los males que aquejan a esta emblemática zona del casco antiguo. A ellos se han enfrentado como han sabido, podido y querido los sucesivos responsables políticos y de las fuerzas de seguridad. Lo han intentado (con mayor o menor ahínco) y por diferentes vías: la policial, la urbanística y la social, pero no lo suficiente. A día de hoy el problema sigue enquistado bajo las murallas y los males siguen siendo los mismos que hace décadas. En esta degradada barriada, adosada a Dalt Vila, Patrimonio de la Humanidad, se ha actuado a menudo de forma impulsiva y en respuesta a hechos trágicos: derrumbes, incendios o asesinatos como el de Llúcia Ferragut (en 1999) que conmocionaron a la ciudadanía y propiciaron medidas a veces desproporcionadas que no supusieron una solución definitiva. Nadie dijo que fuera fácil; pero los equipos de gobierno van pasando y el gueto permanece inexpugnable.
La existencia de clanes de traficantes, en su mayoría de etnia gitana, ha contribuido, sin duda, a agravar el deterioro del barrio, pero las dolencias de sa Penya son anteriores a la llegada de estas familias, hace casi medio siglo.
1964: Un «estercolero»con «jaurías de perros»
En la década de los 60, cuando el turismo era aún más incipiente que masivo, los vecinos se quejaban ya de las «jaurías de perros» que atacaban a los viandantes en La Bomba (1964) y escribían a Diario de Ibiza para denunciar «la poco higiénica costumbre de convertir Baix sa Penya en un verdadero estercolero». Costumbre que a estas alturas puede calificarse de perpetua. «¿No podría hacer algo la brigada de limpieza municipal para que aquella playa esté en condiciones de ser utilizada?», se preguntaba un vecino de Dalt sa Penya en 1966, y sugería a continuación como solución que el Ayuntamiento multara a quienes infringieran las normas. Al año siguiente, en una entrevista al doctor Herrero Martín, jefe técnico de unos laboratorios madrileños contratados para desratizar la ciudad, se le preguntó dónde había encontrado más ratas en Vila. Su respuesta da fe de que, por aquel entonces, ni la ciudad ni el histórico barrio hubieran sido tampoco merecedores de la Escoba de Oro: «Sobre todo desde la escollera del Muro hasta los bajos del Ayuntamiento, pasando por los bajos de sa Penya y del baluarte de Santa Llúcia. Aquello es un nido fabuloso».
En 1973 un indignado ciudadano hablaba de es Moixiner de Baix sa Penya, nombre con el que se conocía al acantilado y que hace referencia al vaciado de orines. Describía muy gráficamente la situación del barrio y advertía del riesgo de infección por cólera: «El defecto de canalizaciones y retretes hace que una gran mayoría del barrio de sa Penya vierta sus heces, residuos de comida y otras porquerías en es Moixiner. Siendo alcalde el señor Verdera [Juan] le hablé en una ocasión del problema. ´Se están haciendo estudios y gestiones para resolverlo´. ¿Sería esta una frase para salir del paso?», se preguntaba el ciudadano. Explicaba después que las plagas eran habituales: «Hace varios años el barrio se llenó de uns cucs blancs y, en pleno verano, los vecinos vivían a puerta cerrada. ¿Es posible que Sanidad no pueda exigir algo en este asunto?».
Quince días después le respondía en un pleno municipal el que entonces era alcalde, Enrique Ramón Fajarnés. En una moción aprobada por mayoría hacía patente «la necesidad de acometer la obra de saneamiento de los vertederos del barrio de sa Penya y la limpieza de la zona de playas». Fue el 27 de septiembre de 1973. La descripción de estos trabajos se publicitó con todo tipo de detalles, lo que permite comprobar que el operativo (que contó con un presupuesto de 548.000 pesetas) no se vería con buenos ojos en la actualidad. «Las obras consistirán en la limpieza de la gran cueva allí existente en su totalidad. Toda la suciedad y todas las basuras serán transportadas con una embarcación mar adentro y arrojadas en un punto lejano de la costa que se estime conveniente», relataba la prensa de la época.
1974: Dentro de un bucle
El 12 de enero de 1974 el Conssistorio emprendió la campaña de limpieza de esta playa y construyó unas escaleras para acceder a la calita. Queda constancia de ello gracias a un reportaje fotográfico de Josep Buil Mayral. Dos semanas después el fotógrafo regresaba al acantilado y retrataba una playa de nuevo repleta de basura. El texto que acompañaba las imágenes reza así: «Ayer comprobamos con asombro que dicho lugar, a los cuatro días de haber quedado limpio y adecentado tal como debe ser, se halla nuevamente sucio y con escombros vertidos recientemente». Como si de un bucle temporal se tratara, aquella incívica actuación que sorprendía hace 40 años sigue repitiéndose actualmente. El año pasado hubo varias incursiones de Cespa y de los voluntarios de Protección Civil en este acantilado (una en enero, otra en mayo€) y llegaron a retirarse 3.500 kilos de desperdicios en una sola jornada. Pero por más que el concejal de Medio Ambiente, Juan Mayans, se empeñe en organizar campañas de limpieza, el sitio amanece infestado de residuos al día siguiente.
En 1980 el alcalde Joan Prats recibió al delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y se informó de la existencia de una partida de cinco millones de pesetas, incluidas en el presupuesto estatal para el trienio 80-82, que debían destinarse a «la confección de un estudio sobre la rehabilitación arquitectónica de sa Penya» para conocer el estado de las viviendas y dar solución a los problemas del barrio. Nunca más se supo.
1984: Espejismo de normalidad
El segundo alcalde de Ibiza en la etapa democrática, Adolfo Villalonga, mostraba su satisfacción a principios de 1984 por la mejora de la barriada. Fue un espejismo. En febrero los titulares señalaban la vuelta de los fuegos en la calle, las basuras y el clima de inseguridad al conflictivo barrio. El relato que el periodista Josep Riera hacía entonces de la realidad de sa Penya es atemporal: «La desidia, la suciedad en las calles y plazas, las aguas fétidas que se deslizan continuamente han vuelto a sa Penya. [€] Los vecinos se preguntan si los pliegos con más de un centenar de firmas que remitieron al Ayuntamiento, a la Delegación del Gobierno y al Consell Insular han servido de algo», narraba. También dejaba constancia de otros problemas que siguen hoy vigentes, como el tráfico de drogas o la falta de accesibilidad al barrio en casos de emergencia: «El tráfico de droga, y no solamente hachís sino drogas duras como heroína, ácidos y cocaína, sigue siendo asiduo y cotidiano. Familias enteras suben cada atardecer con sacos cargados de ramas o tablones sustraídos de obras para servir de combustible que alimente los peligrosos fuegos que por la noche arden sin precaución. Peligrosísimos porque si se produjera un incendio en sa Penya, al no disponer los bomberos de medios para operar en esas estrechas y retorcidas callejuelas, la desgracia que se ocasionaría sería de escándalo».
La madrugada del 5 de febrero de 1985 el fuego destruyó la vivienda de una anciana en la calle Floridablanca. Carecía de electricidad e iluminaba la casa con velas. Una semana después Mariano Matutes, concejal de Hacienda, animaba a los ciudadanos a acogerse a los créditos del MOPU para rehabilitar viviendas antiguas y se comprometía a «estudiar la posibilidad» de que todas las casas que necesitaran reformas fueran eximidas del pago de licencias municipales. Al día siguiente se presentaba en sociedad la agrupación Amigos de Sa Penya, que preguntó al alcalde dónde estaban los cinco millones que el MOPU debía invertir antes de 1982 o qué había sido del estudio realizado por el Colegio de Arquitectos de Barcelona 15 años antes para ofrecer alternativas de futuro al barrio.
Un par de años más tarde los vecinos y comerciantes de la Marina denunciaban que la degradación de sa Penya estaba bajando hasta su barrio y que sufrían continuos robos y amenazas. Pasó un lustro y empresarios y residentes mantenían la misma preocupación: pedían que no se catalogara sa Penya como punto negro y que los agentes de Policía no desaconsejaran a los turistas adentrarse en el barrio.
1994: El año «del regreso» al barrio
En 1993 el alcalde Enrique Fajarnés aseguró que en los últimos tres años se había hecho en sa Penya «más que en los diez precedentes». «Sin duda, 1994 será el año del gran impulso y del retorno a sa Penya, del regreso de la gente a ese barrio», auguraba el alcalde en enero, poco después de que se aprobara el Plan Especial para la Reforma Interior (Pepri). Pero el éxodo de vecinos continuó. «Se puede decir que ya estamos acometiendo la recta final de la recuperación de estos barrios», presumía. Una recta interminable.
Para impulsar la recuperación del barrio anunció la construcción de un centro médico, un centro social y un nuevo retén, que se inauguró en 1995 y que lleva cerrado desde la legislatura 2003-2007. En 1996 el responsable de Asuntos sociales del Ayuntamiento era Vicent Serra, actual presidente del Consell de Eivissa. Denunció que la venta y consumo de heroína en sa Penya se mantenían «estables» y que los de cocaína habían aumentado. La Policía Local señalaba la existencia de una veintena de traficantes habituales en el barrio y lamentaba la falta de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.
El intento policial de instalar videocámaras para luchar contra la droga en 1996 causó gran revuelo y quedó en nada. El Pla Mirall fue la tabla de salvación a la que asirse en el 97 y se solicitaron más de 300 millones de pesetas para pavimentar las calles y renovar la infraestructura general de esta área.
Después de que se derrumbara un edificio en mal estado, Fajarnés aseguró que la recuperación del barrio no era responsabilidad exclusiva de un alcalde, afirmó que todos los ibicencos lo habían dejado morir y recordó a los propietarios que mantener las casas era responsabilidad suya.
En sa Drassaneta se habilitó en 1998 un centro sanitario de asistencia primaria que a día de hoy tampoco existe. No funcionó y, tras su cierre, el Ayuntamiento optó por transformarlo en sede de asociaciones culturales. «No se puede exigir a un alcalde que arregle en nueve años lo que se ha destrozado en 25», insistía Fajarnés un año antes de perder las elecciones.
1999 fue intenso. El asesinato de Llúcia Ferragut a manos de un heroinómano en diciembre del 98 provocó una gran alarma social y eso llevó al alcalde y al comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Marí, a poner en marcha la operación Esperanza, un cerco policial ideado para que los narcos dejaran sa Penya y cayeran «como moscas». Duró hasta el verano. La llegada de turistas supuso el fin del control de los accesos.
