«No pondremos paredes para impedir el paso por una calle», afirmaba con rotundidad Xico Tarrés en su primera entrevista como alcalde de Ibiza tras ganar los comicios en 1999. Le preguntaban por la operación Esperanza desarrollada en sa Penya unos meses antes (aún bajo mandato de Enrique Fajarnés) para acabar con la droga. Después de que se tapiaran varios callejones del barrio para dificultar el libre tránsito de los narcotraficantes, los vecinos denunciaron un trato «inhumano» y aseguraron sentirse «como animales». Tarrés cumplió y bajo su gobierno no se levantaron paredes: se colocaron verjas.

Pero en 1999, el primer año de su primer mandato, empezó advirtiendo de que no se ahorrarían esfuerzos para limpiar el barrio y de que la recuperación urbanística sería «a medio y largo plazo». El que avisa no es traidor.

1999: «No todo se arregla con Policía»

Tres meses después de ganar las elecciones el presidente del Govern, Francesc Antich, acompañó al alcalde socialista en una visita al barrio de los pescadores y afirmó que su rehabilitación sería «prioritaria», esa palabra que han utilizado tantos políticos para después distraer sus prioridades en otros frentes. «No es lógico ni queremos que en un centro turístico como es Ibiza y en un casco antiguo como este existan diferencias tan acusadas», afirmaba en referencia a la situación de sa Penya y la opulencia del yate del jeque de Qatar amarrado aquel mismo día en el puerto de Vila.

Un año después Tarrés aceptaba dar un paseo para repasar el estado de su ciudad y se fotografiaba en la plaza de es Sitis, cubierta de escombros. «Existen personas a las que interesa que no esté limpia la zona para que no se recupere. No quieren que haya gente de fuera del barrio que venga aquí», señalaba enunciando un argumento defendido también ahora por el equipo de gobierno del PP. «Mucha gente puede que no note diferencias respecto al año pasado, „justificaba„ pero sa Penya no es la misma que en 1989 y tampoco estará igual dentro de tres años». La misma quizás no, pero diferente no siempre es sinónimo de mejor. Abogaba en los albores del siglo XXI por derribar casas abandonadas en lugar de tapiarlas, como había sido habitual hasta entonces, y destacaba, en respuesta a las quejas vecinales por la escasa presencia policial, que había dos patrullas trabajando en el barrio todo el día.

Sin embargo, advertía de que «no todo se arregla con Policía». Aun así, no tardaron en llegar las medidas policiales.

El alcalde presumía entonces de tener buenas relaciones con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Marí, y con la entonces directora insular de la Administración del Estado, Marienna Sánchez-Jáuregui. Juntos iniciaron aquel otoño una operación de control para «recuperar» el barrio. «Hay que tener en cuenta que es un tema muy complejo. La solución, no nos engañemos, no será inmediata ni a corto plazo», destacaba Sánchez-Jáuregui sin sospechar siquiera que, doce años después, los problemas de sa Penya serían los mismos y ella volvería a ser la responsable de solucionarlos, esta vez como alcaldesa.

Señaló en la presentación de aquella operación que solo «un 10 por ciento del problema corresponde a la Policía; la cuestión del tráfico y consumo de estupefacientes y la receptación de objetos robados». El otro 90 por ciento, el que compete al Ayuntamiento, le corresponde ahora a su equipo. Aquel amplio porcentaje incluía la limpieza, la recuperación urbanística, la reinserción y la adopción de medidas para la escolarización de los niños que viven en sa Penya y para evitar el absentismo escolar. Todas esas tareas siguen pendientes en 2013.

2002: Las rejas, «medida necesaria»

Los progresistas pusieron en marcha medidas de recuperación urbanística (en 2001 se expropiaron cuatro inmuebles para construir un centro cívico en sa Pedrera) y, mientras se ejecutaban, siguieron con las actuaciones policiales. En 2002 se instalaron verjas en el barrio para frenar la venta de droga, una medida que llevó a cabo el Ayuntamiento a propuesta de la directora insular. Tarrés, poco amigo de levantar paredes, afirmaba sin embargo que las rejas eran «una medida necesaria». Sánchez-Jaúregui anunciaba que, como complemento al vallado, se había instalado en el barrio vigilancia policial 24 horas, algo que los vecinos reclamaban ya en 1987 y que Tarrés había asegurado que se llevaba a cabo dos años antes.

Las polémicas verjas provocaron un enfrentamiento entre vecinos. Los detractores las consideraban un peligro en caso de emergencia, los defensores las creían necesarias. Las pusieron un jueves por la mañana. Esa misma noche hubo personas que las arrancaron y las arrojaron al mar en un enfrentamiento policial durante el que se lanzaron piedras, huevos y todo tipo de improperios. Tras lo ocurrido, la Junta Local de Seguridad tuvo que reflexionar sobre la idoneidad de este cierre y los políticos optaron por dejar en manos de los técnicos la decisión de instalarlas. No se recolocaron; de poco sirve ponerle puertas al campo.

Y llegaron unos nuevos comicios. Durante la campaña de 2003, el candidato a la reelección aseguraba que sa Penya estaba experimentando avances de forma progresiva «después de 30 años de abandono». La concejala Cristina Ferrer explicó que un año antes se habían llegado a sacar más de veinte camiones de ruinas del barrio.

Desde la consecución de la declaración de Patrimonio de la Humanidad para Ibiza en 1999, Tarrés y su equipo habían confiado en el Consorcio del Patrimonio (integrado por Govern, Consell y Ayuntamiento) para financiar la rehabilitación del barrio marinero. El bloqueo económico de este órgano provocó que durante una legislatura las actuaciones en sa Penya fueran pequeñas y puntuales.

2007: Condiciones «inhumanas»

El relevo de Tarrés en la alcaldía fue su concejala de Cultura, Lurdes Costa, que cuando aún era candidata (2007) admitía que sa Penya era «un barrio con difícil solución por su propia configuración» y apuntaba su voluntad de propiciar una nueva dinámica instalando allí servicios que estimularan la circulación de personas por sus calles. Sus esfuerzos, al menos el primer año, no tuvieron la acogida que esperaba. En julio de 2008 la Asociación de Vecinos de sa Penya afirmaba sentirse ignorada. La situación de abandono de la Casa Broner, que se convirtió en un refugio de okupas a pesar de estar declarada Bien de Interés Cultural, colmó la paciencia de los residentes. «Cuando Xico Tarrés estaba en el Ayuntamiento teníamos una comunicación fluida. Nos llamaba y nos preguntaba qué necesitábamos. Lurdes Costa no nos ha llamado jamás», denunciaban. Criticaron también las «inhumanas e indignas» condiciones en las que viven muchas personas del barrio, condiciones que continúan en la actualidad en decenas de infraviviendas, y ponían sobre la mesa otra de las variantes de este conflicto: los peligrosos enganches ilegales a la red eléctrica.

Los concejales de Urbanismo y Núcleo Histórico, Vicent Torres y Marc Costa, pronunciaban ese verano una afirmación poco original: sa Penya se había convertido en «una de las máximas prioridades» de la nueva Corporación.

2009: Nueva hoja de ruta

2009, como 1999, fue intenso; al menos en cuanto a anuncios. Se hizo pública una nueva hoja de ruta para el barrio cuyo principal proyecto era la expropiación de las infraviviendas situadas entre las calles Alt y Retir para transformarlas en VPO. Atrás quedaban las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) de la era Tarrés y los intentos para que la recuperación partiera de los propietarios. El nuevo proyecto, no contemplado en el Pepri, pretendía acabar con una realidad que permite una población de tres habitantes por metro cuadrado en ruinosas viviendas de 26 metros de superficie. Todo debía desarrollarse en un horizonte de cuatro años. Pero a día de hoy, pasados esos cuatro años, ni siquiera han empezado a abonarse las expropiaciones.

En 2009 también se puso en marcha la Unidad de Trabajo Social (UTS) de sa Riba, lo que permitió remodelar Sa Miranda y convertirlo en un centro social dedicado exclusivamente a la infancia y la familia que volvió a abrir sus puertas en 2011. Ambos equipamientos, a diferencia de otras instalaciones inauguradas en el barrio y clausuradas poco después, continúan en funcionamiento. Aquel año se anunciaba un nuevo impulso, el enésimo, a la recuperación del barrio.

Lurdes Costa presentó bajo las murallas cuatro proyectos de obra pública. La construcción de tres viviendas de protección oficial en la calle Vista Alegre, junto a la manzana más peligrosa, se llevó a cabo tras expropiar algunos inmuebles. También se construyó una plaza pública, la de sa Pedrera, pegada a la muralla, y bajo ella se proyectaron un centro cívico y un centro artesanal, terminado pero que nunca se ha llegado a utilizar porque los artesanos se niegan a trabajar en una ubicación que consideran poco segura. Con esas actuaciones se intentaba dar cumplimiento a los contenidos del Plan de Reforma Interior (Pepri), impulsado por el alcalde socialista Enrique Mayans (1987-1989), consensuado por los dos principales partidos y aprobado hace más de dos décadas.

En febrero de 2010 Antich volvió a sa Penya para inaugurar la rehabilitada casa de Erwin Broner. Y paseó de nuevo por el barrio en noviembre, para comprobar satisfecho cómo iban los distintos proyectos. Se acababan de anunciar más inversiones para recuperar el Mirador Broner y soterrar contenedores, entre otras. En 2011, dos meses antes de perder las elecciones, Costa aseguraba que el desalojo de 16 familias de la manzana más conflictiva se llevaría a cabo ese verano y que se recuperaría el retén policial de la calle Floridablanca.

2011: Un año y medio parados

Pero llegaron los comicios, el PP recuperó Vila y Sánchez-Jáuregui se convirtió en alcaldesa. Ha pasado un año y medio. Todavía no hay retén, ni se ha expropiado nada ni se han llevado a cabo los desalojos. En realidad, no hay ni una sola imagen publicada de ningún miembro del equipo de gobierno en sa Penya, porque no ha habido en este barrio presentación o convocatoria alguna. Sin embargo, en el Consistorio aseguran que cada tres semanas buena parte de los ediles se reúnen con representantes policiales y de las contratas para analizar la situación de sa Penya. Vila sostiene que tanto las expropiaciones como el nuevo retén (hay otro en Sa Peixateria que solo utiliza el policía de barrio) se llevarán a cabo este año. El centro de sa Pedrera aún no se sabe a qué se destinará, hay que preguntar a los músicos si se atreverían a ensayar allí. Los desperdicios siguen reproduciéndose en el acantilado como por generación espontánea. ¿Y el tráfico de drogas? ¿Y el absentismo escolar? Bien, gracias.

La vida sigue igual.