Justo después de que, el pasado martes, el Ayuntamiento de Ibiza dictara el decreto que ordenaba el cese de la actividad del GPS de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila, su presidente, Alejandro Cardell, afirmaba: «En ningún momento pensé que esto pudiera pasar». Quizá en ese momento le falló la memoria y no recordó que hace más de siete años, en septiembre de 2014, el Ayuntamiento de Ibiza, entonces bajo la alcaldía de Virginia Marí, del PP, no sólo ordenó también el cese de la actividad del GPS que operaba también la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), presidida en ese momento también por Cardell, sino que, ante la desobediencia de este colectivo, la Policía Local se personó en su sede de ses Figueretes para forzar la desconexión del sistema.
El motivo era que la Fitie no sólo no había firmado un convenio con el Ayuntamiento como operador del GPS sino que tampoco cumplía las requisitos para hacerlo. Entonces, el servicio se mantuvo activo con un segundo operador, Taxi Red, la empresa que gestionaba el GPS de los taxis de Santa Eulària y Sant Joan y al que estaban adheridos, además, una veintena de taxistas de Vila, el grupo que siempre se ha desmarcado de la asociación mayoritaria y la Fitie.
Precisamente, uno de ellos, Joan Marí, presidente entonces de la asociación minoritaria Unió Pitiüsa del Taxi, decía lo siguiente: «No puede ser que nosotros cumplamos y los demás hagan lo que les dé la gana. Lo que quería la Fitie era gestionarlo ellos y cortar el bacalao». Palabras que evidencian que pasan los años, pero el sector del taxi de Ibiza vive atrapado en un bucle temporal.
Virginia Marí no aguantó la presión
De todos modos, el Ayuntamiento de Ibiza apenas aguantó un par de días la presión y reconectó el GPS de la Fitie, a la que le concedió una prórroga de una semana para «subsanar las deficiencias burocráticas» y legalizar la situación, algo que, al parecer, no se hizo porque la Fitie nunca ha tenido un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza ni con cualquier otro municipio de la isla. Tras este pequeño susto, la vida siguió igual. Se firmó un convenio con la asociación aunque la Fitie siguió prestando el servicio.
Pasaron los años y, en octubre de 2018, el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado entonces de nuevo por la izquierda, dictó otro decreto en el que ordenaba otra vez la suspensión del GPS de la Fitie. Desde hacía un año, el Consistorio reclamaba la firma del convenio con la Fitie. El entonces concejal de Movilidad Juan José Hinojo aseguraba que si no cortaba el GPS cometería un delito de «prevaricación», mientras que Cardell, que aún estaba al frente de la Fitie y de la asociación mayoritaria de Vila, justificaba la desobediencia de la siguiente manera: «No se pueden matar moscas a cañonazos. No creo que esta sea la solución. No se hace ningún mal [incumpliendo la orden municipal], sino todo lo contrario: se está evitando un mal».
Cuando se iba a ir hasta el final
Pese a que Hinojo dijo que el Consistorio llegaría «hasta el final», al final (valga la redundancia) la orden de suspensión del servicio se quedó en nada porque el GPS siguió funcionando igual, aunque mucho después (a finales de 2019) el Ayuntamiento abrió un expediente de sanción a la Fitie por valor de 6.000 euros.
Volviendo a noviembre de 2018, la federación presidida por Cardell ganó tiempo tras comprometerse, en una reunión con el alcalde, Rafa Ruiz, a firmar el convenio. Pero se hizo de rogar aún bastante. Entonces, el grupo de taxistas ‘rebeldes’, aquellos que siempre se han negado a seguir los dictados del ‘imperio’ de la federación, se negaron a pagar el GPS porque las facturas que emitía la asociación de Cardell incluían una cuantía exenta de IVA que suponía «el pago encubierto de la cuota de la asociación», a la que no querían pertenecer.
La situación se enrareció tanto que la Fitie cortó el servicio de GPS durante meses a los díscolos sin el consentimiento del Ayuntamiento. Ya era enero de 2019 y seguía en vigor el decreto de suspensión del GPS de octubre de 2018 que nunca se cumplió. Tan kafkiana era la situación que el Consistorio decía que no podía obligar a la asociación de taxistas a «reenganchar» al servicio a los que no pagaban la cuota porque, en realidad, ningún taxista debería operar con el GPS.
Pasaron unos meses más y, a las puertas de las elecciones de 2019, el Ayuntamiento anunciaba la firma de un convenio con un segundo operador del GPS (Nitax) promovido por los ‘rebeldes’ y, con el servicio garantizado, afirmaba que iba a «endurecer» las medidas para hacer cumplir la suspensión de 2018. La entrada de Nitax hizo doblar el brazo a la asociación de taxistas, que firmó a regañadientes (por «imperativo», dijo Cardell) el convenio un día antes de los comicios. Ahora, como si estuviésemos atrapados en el día de la marmota, el Ayuntamiento ha rescindido de nuevo el contrato y ha suspendido el servicio de GPS de la asociación. Y suena otra vez el despertador.
