Un grupo de 15 taxistas de Vila acumula ya cuatro meses sin GPS (servicio de geolocalización para cubrir servicios telefónicos) después de que la Federación Insular del Taxi de Ibiza decidiera el pasado mes de octubre, unilateralmente, y sin el consentimiento del Ayuntamiento de Ibiza, desconectarlos del servicio por el impago de la cuota. Todos ellos forman parte de la Asociación de Taxistas Profesionales, cuyo vicepresidente, Joan Marí, critica que el Consistorio «no ha hecho nada» para solventar el problema.
El Movimiento Ciudadano EPIC también denunció ayer a través de un comunicado «la permisividad» del Ayuntamiento «ante los abusos de la Asociación de Taxistas Autónomos de Ibiza», la mayoritaria que preside Alejandro Cardell, el mismo que está al frente de la que opera el servicio del GPS en Vila, la Federación Insular del Taxi.
En su día, el Ayuntamiento de Ibiza firmó un convenio para la gestión del GPS con la Asociación de Autónomos del Taxi de Ibiza, pero esta decidió posteriormente que el operador fuera la Federación Insular el Taxi sin modificar el acuerdo suscrito. Ante las evasivas de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila de firmar un nuevo convenio, el Consistorio resolvió a mediados de octubre suspender, mediante un decreto, el servicio de GPS en el municipio.
Sin embargo, el servicio de GPS en Vila no se ha ininterrumpido ni un solo día pese a que el concejal de Movilidad, Juanjo Hinojo, ante el incumplimiento y el desafío de los taxistas, dijo que llegaría«hasta el final». Ahora, los taxistas han presentado en el Ayuntamiento una propuesta de nuevo convenio para «legalizar» la situación actual, en el que propone, tal como funciona ahora, que la Federación Insular del Taxi siga siendo el operador del GPS y preste (con las cuotas) el servicio a la principal asociación de taxis del municipio.
Sin respuesta desde junio
Los 15 taxistas de la asociación minoritaria de Vila no sólo llevan cuatro meses sin GPS, sino que, según denuncia Joan Marí, el Ayuntamiento no ha respondido siquiera a las alegaciones que a mediados de junio presentó tras el expediente que se abrió a raíz de la denuncia de la Asociación de Autónomos por los impagos. Marí sostiene que mientras no se resuelva el expediente abierto, el Ayuntamiento no podía consentir el corte del GPS.
Estos taxistas se niegan a pagar el servicio porque no se ha justificado su coste y, además, incluye «el abono encubierto de la cuota» de la Asociación de Taxistas de Ibiza, a la que no quieren pertenecer. Por ejemplo, una factura de la pasada temporada por el servicio de GPS en un taxi estacional incluye «una cuota cuatrimestral de GPS sujeta a IVA» (314 euros más el 21%) y una segunda «cuota trimestral de GPS exenta» (420 euros). Esta última es la que, según Marí y EPIC, corresponde «al pago encubierto de la cuota de la asociación». EPIC también recuerda que la desconexión del servicio del GPS, que esta causando «un perjuicio económico» a los afectados, sólo lo podía decidir el Ayuntamiento.
En sus alegaciones, sin respuesta aún, Marí advertía al Ayuntamiento de que, tal como determina el reglamento, las cuotas del GPS deben estar «fiscalizadas» por el Consistorio y le recordaba que su precio estaba condicionado a la presentación de un estudio económico financiero que las justificara, lo cual no se ha hecho.
En este sentido, el grupo EPIC sostiene que «es especialmente gravoso el descontrol del Ayuntamiento en la gestión del servicio del taxi tanto por las cuotas del GPS, consintiendo su prestación pese a que no exista un contrato entre las partes, como por permitir unas cuotas sin informes económicos que las avalen».
La actuación del Ayuntamiento
Por su parte, el Consistorio recuerda que en octubre decretó la suspensión del GPS (que no se ha cumplido) y que, por tanto, ahora no puede exigir a la asociación mayoritaria que «reenganche» a los que no pagan la cuota, ya que, en realidad, ningún taxista debería operar con el GPS. Dicho esto, el equipo de gobierno entiende que, en la situación actual, se trata de «una cuestión entre particulares».
El Ayuntamiento pretende «solucionar» este asunto con la firma de un nuevo convenio con la asociación de taxistas mayoritaria. Por ahora se está estudiando la documentación que esta ha presentado. Paralelamente, se tramita una modificación del reglamento del GPS para permitir el uso de aplicaciones de geolocalización. La asociación minoritaria considera que el uso de estas aplicaciones es más efectivo y menos costoso. La mayoritaria, en cambio, se opone.
