El Ayuntamiento de Ibiza levanta la moratoria urbanística que impedía la concesión de nuevas licencias en la montaña de Cas Mut desde diciembre de 2020 tras la aprobación definitiva, en el pleno de este jueves, de la modificación puntual del plan parcial de este ámbito. Pese a que casi toda la montaña, tal como se puede apreciar, está construida, con un significativo impacto visual, a partir de ahora se reducen los parámetros urbanísticos de los solares en los que aún se puede edificar, una tercera parte de la zona.
Ahora las viviendas pueden tener un máximo de 235 metros cuadrados y se rebaja su altura de 11 a seis metros. También se limita la capacidad de construir nuevos volúmenes que se puedan convertir en segundas viviendas (sólo puede haber una vivienda por parcela), y se reduce la superficie de las terrazas y piscinas. El Consistorio recuerda, a través de un comunicado, que la tramitación de la edificabilidad de este polígono se gestó a finales de los años 90 al amparo de los criterios urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1970, y se aprobó en el mandato 2011-2015, el último en el que gobernó en PP.
Precisamente, el grupo popular ha destacado, a través de otra nota, que el Ayuntamiento «debería haber negociado con los propietarios» para evitar el posible pago de «indemnizaciones». «¿Cuál es el resumen en Urbanismo de estos siete años de gobierno de Rafa Ruiz? No hay PGOU, no hay viviendas de protección oficial entregadas y a la responsable de todo esto [la edil Elena López] la ha enviado a incendiar el departamento de Deportes, y, mientras, tenemos una montaña construida. Este es el resumen de su política. Nos remitimos a los resultados y no a los discursos», ha dicho el portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, en el pleno.
También se aprobó en el pleno la firma de un convenio con el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) del Govern para crear un servicio de asesoramiento gratuito. El Ibavi cede un espacio en sus instalaciones en el edificio del Cetis, en sa Colomina, mientras que el Ayuntamiento pagará el personal que prestará este servicio de acompañamiento.
Ayuda social y jurídica
Como mínimo se debe prestar acompañamiento social y, si corresponde, también jurídico y técnico en el caso de que se produzca la pérdida de la vivienda o el afectado tenga dificultades para el pago de las obligaciones económicas vinculadas con su vivienda habitual: sobreendeudamiento, reestructuración de la deuda hipotecaria, impagos o retrasos en el abono de las cuotas hipotecarias o las rentas de alquiler.
Este servicio asesorará a los ciudadanos sobre las obligaciones precontratuales y las posibles cláusulas abusivas en la financiación, el alquiler o la compraventa de viviendas, con el traslado posterior de las incidencias detectadas a la administración competente. También se dará información sobre las ayudas que ofrecen las instituciones, entre otras cosas.
El concejal de Vivienda, Aitor Morrás, de Unidas Podemos, ha justificado que «las acciones en política de vivienda son extremadamente necesarias» dada la magnitud del problema que «se sufre en Ibiza». «Es obligación y responsabilidad de todas las administraciones tomar medidas para paliar los efectos de una posible exclusión residencial a la que, cada vez más, se ve abocada la población». Morrás ha agregado que con la apertura de esta Oficina Integral de la Vivienda, el Ayuntamiento «no da la espalda a los que más sufren».
El PP ha criticado que el equipo de gobierno asuma el coste del personal de «un trabajo que le corresponde al Govern balear». El portavoz del PP de Ibiza ha reclamado a la coalición de izquierda que «rectifique su política de vivienda porque no está funcionando».
«El alcalde es el campeón del encarecimiento de la viviendo, pasando del octavo puesto al primero, y lo único que se le ocurre es montar un chiringuito para hacerle el trabajo a Armengol [la presidenta del Govern]», ha dicho Marí Bosó, quien ha criticado, además, que este servicio se contrate a través de «un contrato menor».
Por otro lado, el equipo de gobierno ha tumbado la propuesta que el PP presenta en todos los ayuntamientos de la isla para instar al Estado y al Govern balear a que ejecuten el proyecto para construir 120 VPO en el solar de la Comisaría del Cuerpo de Policía Nacional. El concejal del PP Jacobo Varela ha recordado que «en tres años no se ha hecho nada». Tampoco ha prosperado otra moción para duplicar las aportaciones en los convenios con las entidades del tercer sector social.
