El Consell de Ibiza aprueba la reforma del primer cinturón de ronda entre las rotondas de ses Figueretes y Can Misses

Los últimos cambios incorporados al proyecto, y que se acordaron con el Ayuntamiento de Ibiza, consisten en la incorporación de una entrada subterránea para autobuses en la estación del CETIS y diferentes infraestructuras de drenaje.

El vicepresidente primero y conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, ha explicado que "este equipo de gobierno se comprometió a aprobar esta actuación y hoy cumplimos". Además ha hecho "un llamamiento a toda la ciudadanía a que haga aportaciones para que 2022 sea el año de la aprobación definitiva de este proyecto del que tantos años se lleva hablando”. Por último, Juan ha concluido explicando que el objetivo de esta reforma es "acabar con la existencia de dos ciudades de Ibiza y hacer una que sea más humana y más amable para ciclistas y peatones".

En su intervención, el vicepresidente segundo Javier Torres ha añadido que "el proyecto de la vía EI-10 es muy esperado y necesario para el cambio de modelo de movilidad y de transporte público de nuestra ciudad, por lo que es urgente que salga adelante, además, se ha modificado para añadir una segunda salida a la estación de autobuses de Ibiza, ya que es obligatorio que cuente con una entrada y una salida diferenciadas y así mejorar la operatividad y la seguridad".

El presupuesto, con las últimas modificaciones, es superior a la versión anterior y alcanza los 9.038.583 euros.

Medidas para luchar contra las fiestas ilegales

El pleno del Consell también ha aprobado, durante la sesión ordinaria, instar al Govern a que lleve a cabo los cambios legales necesarios para combatir las fiestas multitudinarias clandestinas que están recogidos en la propuesta que la institución insular ha consensuado con los agentes implicados. El objetivo es dotar a los ayuntamientos y cuerpos y fuerzas de seguridad y a las policías locales de más herramientas para combatir estos acontecimientos al margen del ocio legal y que suponen un grave riesgo sanitario para la ciudadanía.

El vicepresidente primero y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que "a pesar de ser éste un problema que venía de hace muchos años, las restricciones impuestas al ocio nocturno han hecho crecer de forma exponencial estas fiestas". Juan ha detallado que se trata "de un problema sanitario, de convivencia y de imagen turística que además perjudica a quienes sí han pedido sus permisos y han pagado los impuestos que tocan".

La propuesta de cambio legal que la institución insular remitirá al Govern, que ha sido trabajada en una Mesa de Trabajo en la que participan los ayuntamientos, policías locales, Mesa de Diálogo Social y grupos políticos, y que cuenta con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del Consell de Ibiza, prevé más sanciones para las personas infractoras y la posibilidad de que la policía local pueda entrar en un lugar en el que se está haciendo una fiesta ilegal.

El conseller Juan ha detallado que estas fiestas significan un flagrante incumplimiento de la actual legislación en materia de actividades, cuya competencia de control es de los Ayuntamientos de la isla y en materia COVID, que es competencia del Govern. De hecho, "la capacidad competencial del Consell de Ibiza sólo permite la actuación de la institución en caso de que fuera una vivienda turística, en ese caso podría intervenir dando de baja la licencia turística”, ha detallado.

Juan ha aclarado que "no estamos ante fiestas particulares, y no debemos comprar el discurso de los infractores, que no permiten la intervención alegando que eso es un evento privado". "Estamos hablando", añade, "de una industria de ocio pirata, abierta al público y con libre concurrencia. No hay intimidad ni inviolabilidad del domicilio alegable. Son actividades y locales en fraude de Ley, y no una vivienda", ha concluido Juan quien ha añadido que "lejos de desentendernos de una competencia propia de los Ayuntamientos, lo hemos querido liderar a pesar del coste político".

Por eso se eleva la sanción de 30.000 euros a 100.000 euros, se responsabiliza a todas las personas que participan del lucro de esta actividad (tiqueteros, chóferes, camareros...) y se hace responsable subsidiario al propietario que no participa activamente en la finalización de la actividad ilegal, en los casos en los que quede acreditada la libre concurrencia.

En su intervención, el vicepresidente segundo Javier Torres ha añadido que "ante las fiestas ilegales, no nos hemos puesto de perfil, sino junto a los ayuntamientos y de las policías locales y por eso hemos elaborado una propuesta de modificación legal para combatirlas. Instamos al Govern porque es la forma más rápida y eficaz para dotar de herramientas legales a los ayuntamientos y policías locales".

Con esta aprobación se traslada la propuesta al Ejecutivo balear, para que haga las modificaciones que encuentre adecuadas y estudie la posibilidad de aprobarla por vía Decreto, lo que permitiría su aplicación antes de la temporada turística de 2022. Esta propuesta ha sido aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, el Grupo Mixto-Ciudadanos y la consellera no adscrita Marta Díaz. En este sentido Juan ha lamentado que no haya habido unanimidad.

Aprobación del Plan de Igualdad del Consell de Ibiza

Por último, el pleno del Consell ha aprobado el II Plan de Igualdad de la institución que ha recogido las aportaciones que han hecho el personal de la institución y sindicatos y que fueron tratadas y estudiadas en una comisión de negociación que fue la encargada, a lo largo de 2020, de recoger estas propuestas con las que se hizo la diagnosis para la posterior propuesta realizada a través del plan que se ha redactado este año.

Entre los objetivos específicos del plan está garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales y en todos los puestos de trabajo, proporcionar la formación interna en materia de igualdad, procurar unas condiciones laborales equiparables para todo el personal, asegurar la igualdad de oportunidades y trato para que todo el personal disfrute de los derechos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, proporcionar un entorno libre de acoso sexual y por razón de sexo e impulsar una comunicación no sexista y un uso inclusivo del lenguaje. Habrá un responsable de igualdad que se encargará de supervisar la aplicación de cada una de las medidas y realizará un informe de seguimiento cada seis meses.