Frente común entre el Consell y Santa Eulària contra el transporte ilegal

Representantes del área de transportes del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento de Santa Eulària se reunieron ayer martes para establecer nuevas actuaciones contra la competencia desleal en el sector del transporte. Esta iniciativa es fruto de la Mesa Contra el Transporte Ilegal, promovida por la institución insular.

En este encuentro, el director insular de Transportes del Consell, Roberto Algaba, y el concejal de Seguridad Ciudadana de Santa Eulària, Carlos Roselló, acordaron llevar a cabo más dispositivos conjuntos entre la Policía Local y el servicio de Inspección de Transportes de la institución insular , con el objetivo de prevenir y detectar infracciones en materia de transportes.

A la salida de la reunión, además, Roselló anunció que el Ayuntamiento de Santa Eulària también adquirirá, al igual que el Departamento insular de Transportes, lectores de matrículas para detectar taxistas ilegales. Algaba, por su parte, añadió que la información registrada por los lectores de matrículas de Santa Eulària se incluirá en la futura base de datos insular contra el intrusismo.

La Policía Local de Santa Eulària realizará más inspecciones conjuntas con el Consell para prevenir ilegalidades

«Todos los ayuntamientos de la isla están planificando actuaciones para ser más efectivos en la lucha contra el intrusismo, formando a sus agentes y adquiriendo nuevo material, como es el caso de Santa Eulària. Como se señaló en el último encuentro de la Mesa Contra el Transporte Ilegal, la coordinación entre todas las instituciones y los diferentes cuerpos policiales es esencial para acabar con los taxis pirata», concluyó Algaba.

La Mesa Contra el Transporte Ilegal agrupa a Consell, ayuntamientos, Policía Nacional y Guardia Civil para establecer protocolos de actuación comunes y ofrecer a la Policía Local formación específica para combatir el intrusismo. El Govern balear también aprobó hace dos semanas un decreto ley que habilita a los consells insulares a solicitar a la Guardia Civil la identificación de los administradores de los grupos de mensajes por telefonía móvil que se emplean para comercializar la oferta ilegal de taxis.