La Comisión de Medio Ambiente de Balears dio ayer el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de la nueva depuradora de Portinatx, que se prevé financiar a medias entre el Govern balear, con fondos del impuesto de turismo sostenible, y el Consell de Ibiza. Con la declaración ambiental favorable, el Ayuntamiento de Sant Joan logra desbloquear este proyecto que empezó a tramitar en el año 2014.
La nueva infraestructura se construirá en la misma ubicación que la actual. Con una superficie de 3.506 metros cuadrados, la futura depuradora ocupará 2.018 metros cuadrados fuera del ámbito de la actual. Se prevé construir un único edificio de una sola planta (de 27,15 y 12,35 metros y una altura sobre rasante de entre cinco y siete metros), donde se ubicará tanto la parte noble de las instalaciones como la industrial.
El proyecto contempla el uso de las conducciones de aguas residuales actuales y el emisario submarino porque «se encuentran en buen estado y tienen capacidad suficiente para los caudales previstos», según el proyecto. La zona de costa donde vierte el emisario submarino, entre Cap des Mossons y Punta Grossa, presenta un estado ecológico «bueno». El Ayuntamiento, no obstante, tiene la obligación de solicitar la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para legalizar esta canalización.
Sant Joan tiene dos años para reaprovechar el agua. Medio Ambiente obliga a reutilizar parte del agua depurada dos años después de la puesta en marcha de la planta o, en caso contrario, a pagar 10.000 euros para el fondo de posidonia.
Para ejecutar las obras, se prevé realizar diversos desmontes del terreno en la zona norte de las instalaciones, el mayor de los cuales alcanzará 14 metros de altura. El proyecto contempla la posibilidad de que se tengan que hacer voladuras del terreno.
Medio Ambiente destaca que la actual depuradora, cuya agua «no cumple los requisitos de calidad de vertido que determina la legislación», produce «malos olores» y, con ello, «quejas de los vecinos y turistas de Portinatx».
La Comisión de Medio Ambiente de Balears considera que las obras «no causarán impactos adversos significativos» siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones para proteger algunas especies vegetales. Medio Ambiente obliga a depurar el agua de lluvia que se recoja en las instalaciones antes de verter al dominio público marítimo-terrestre.
Además, da dos años de plazo al Ayuntamiento desde la puesta en marcha de la nueva planta para que se reutilice una parte del agua depurada que, si no se cumple, se deberá compensar con una aportación de 10.000 euros al fondo de conservación de la posidonia. Además, se debe compensar la eliminación del cien por cien de los árboles inventariados en la zona ANEI afectada por las obras mediante reforestaciones en terrenos degradados, en una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados.
