La junta de personal de Santa Eulària advierte de la fuga de policías locales a otros municipios

La junta de personal de funcionarios del Ayuntamiento de Santa Eulària, compuesta por los sindicatos Sppme y CCOO, mostró ayer, a través de un comunicado, su preocupación ante la marcha de agentes de la Policía Local hacia otros municipios de la isla. Se marchan «en busca de mejores condiciones laborales». Recientemente, después de más de una década trabajando en el municipio, han sido tres los agentes que han abandonado el cuerpo, advierte al junta de personal, y en fechas próximas podrían ser algunos más, cuando se publiquen nuevas convocatorias de vacantes en otros ayuntamientos de la isla. A estas bajas habrá que añadir la jubilación de varios agentes durante el presente año, añade la junta.

«Plantilla justa de efectivos»

«Esta circunstancia mermará aún más si cabe a una plantilla justa de efectivos, cuyas últimas incorporaciones publicadas recientemente se trataban en su mayor parre de agentes interinos que consolidaban su plaza de funcionario de carrera o bien lograban un ascenso de categoría tras varios años trabajando en el cuerpo», remarca la junta de personal. Es decir, son incorporaciones que en realidad «no suponen un aumento real o relevante en el número de efectivos».

La junta denuncia que ya son «más de dos años de espera para lograr una relación de puestos de trabajo que nunca llega y que debería regularizar las funciones que se desarrollan en los diferentes departamentos de la corporación». Hablan los funcionarios de «un convenio desfasado que se aprobó en 2007» y califican de «lento o más bien nulo» el avance en las negociaciones para actualizar tanto el convenio como la relación de puestos de trabajo. También alude la junta a «toda una serie de plazos y promesas incumplidas por parte del anterior y actual equipo de gobierno «y que, a su entender, «son las causas principales que motivan a los agentes a cambiar de destino».

«Y lo más preocupante es que esta situación provoque que no se pueda garantizar una adecuada seguridad al ciudadano ni a los propios agentes en el desarrollo de sus funciones», concluyen desde el órgano de representación de los funcionarios.