La psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Ibiza, el juez decano, Juan Carlos Torres, y la Fiscalía consideran que el informe de credibilidad del testimonio no debe ser requisito para que los menores que han denunciado ser víctimas de abusos o de agresiones sexuales reciban asistencia psicológica por parte de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi) del Govern.
«No hay un criterio técnico que avale que ese informe sea necesario para tratar a un menor», indica la psicóloga forense, quien explica que el informe de credibilidad del testimonio es «una prueba más dentro del proceso judicial» y que en este tipo de asuntos «el tiempo judicial —que es «largo»— no puede ser el tiempo asistencial» porque si no, se dejará a las familias «con un vacío tremendo», como sucede ahora.
Además, sostiene que «no debería ser determinante ni vinculante la conclusión» de dicho informe para dar asistencia psicológica a los menores, puesto que el hecho de que su testimonio no sea creíble, sea falso o que no lo haya «no quiere decir que el niño no pueda necesitar un recurso, o su familia». «Un niño que cuenta un testimonio de abuso sexual inventado, sugestionado o reconstruido y no recibe asistencia es un niño maltratado», dice.
La Fiscalía insiste en que en el procedimiento judicial «no siempre se va a pedir el informe de credibilidad». «Es una lástima que todos esos niños a los que no se va a pedir testimonio de credibilidad porque hay otras pruebas o cuyos casos no se puedan judicializar o se archiven —por ejemplo porque no haya autor conocido del delito— queden desatendidos», dice.
Torres aboga por la necesidad de plantear una revisión del protocolo de atención a los menores víctimas de abusos sexuales, en el que se exige dicho informe, para eliminarlo en «algunos casos. «La sola constatación de la existencia de un procedimiento penal activo, si se ha admitido a trámite, si se han incoado diligencias y no se archivan de plano, supone que el juez entiende que hay indicios de que se ha cometido, en este caso, el delito de abuso sexual infantil», afirma Torres, quien cree que, por ello, la comunicación de que se ha incoado la causa «debería ser suficiente para que el menor reciba ayuda psicológica de la Utasi».
«Y con mucha más razón y quizás habría que modificar el protocolo, si además de estar abierto el procedimiento penal, y sin necesidad de informe de credibilidad de testimonio, se hubieran adoptado medidas cautelares de protección», sostiene el magistrado.
El proceso judicial
La psicóloga forense y fuentes de la Fiscalía aclaran que el protocolo de atención a menores víctimas de abusos sexuales está firmado por el Govern balear y por el Consell de Ibiza, pero no por el Ministerio de Justicia. «No nos vincula», aseveran. Pese a ello, agregan que desde el ámbito de la Justicia siempre se ha mostrado voluntad de coordinación y los distintos operadores jurídicos han acudido a las reuniones a las que se les ha convocado.
«Pero dentro del campo de actuación de cada uno, lo que no se puede pretender es poner como requisito para moverme yo la actuación de otra administración», subraya la psicóloga forense. «La Administración balear es la que debe dar el tratamiento, pero para eso está exigiendo que otra administración sobre la que no tiene competencias emita un informe de credibilidad», apostillan fuentes del Ministerio Público, al tiempo que la psicóloga forense plantea por qué imponen este requisito y no, por ejemplo, la interposición de la denuncia pues, aclara, «credibilidad no es veracidad, son dos conceptos diferentes».
Y es que destacan que el informe de credibilidad de testimonio es una prueba que se lleva a cabo cuando el juez o la Fiscalía la piden, pero no en todos los casos ni necesariamente en el momento de interponer la denuncia. «No se va a pedir si no nos hace falta porque tenemos otras pruebas», insisten desde el Ministerio Fiscal, al tiempo que la psicóloga forense explica que a veces no se pide por no conocer el posible agresor.
Detalla que este año le han pedido «ocho análisis de credibilidad», uno relativo a un caso denunciado en 2019 en el que hasta el momento se habían efectuado otras pruebas, pero no se había demandado ésta. En cinco de ellos la valoración ya está hecha y el informe está acabado en algunos casos y no en otros. «La valoración es una cosa y la redacción del informe como documento, otra. Son dos tiempos distintos, dependen de muchos factores y no hay dos casos iguales», indica. Los tres restantes llegaron en noviembre y estarán listos antes de fin de año.
«Prioridad absoluta»
En relación a esto, destaca que los asuntos relativos a menores tienen «prioridad absoluta» y que las pruebas que se solicitan —recalca que no se piden en todos los casos ni desde el primer momento— se hacen de forma urgente cuando es necesario. Así, relata que durante el confinamiento llegaron dos casos a los que había que realizar la valoración rápidamente y que en 48 horas se hicieron los análisis de credibilidad. Otra cuestión es la redacción del informe para su inclusión en la causa, cuyo tiempo va unido al del proceso judicial. «Hay que recabar el testimonio muy rápido y podemos tardar dos o tres días, una semana como máximo en realizar la exploración. Luego, yo tardaré lo que tarde en tener el informe, la redacción es una cuestión interna», indica.
A este respecto, cuenta que en Menorca, una vez realizada la valoración y sin necesidad de emitir el informe, los casos se derivan a la Utasi: «Cuando la psicóloga forense termina la valoración, y en coordinación con la Oficina de Atención a Víctimas, los padres firman un documento donde autorizan al IML a derivar sus datos y los del menor a la Utasi para recibir tratamiento».
Plantea por qué no puede hacerse igual en Ibiza, ya que una vez que el testimonio ha sido recogido e incluso grabado —y queda «preservado, custodiado»—, la víctima puede recibir asistencia psicológica. «Sería tan sencillo como regular que hubiera algún tipo de comunicación al Servicio de Protección de Menores o a la Oficina de Atención a Víctimas», indica e insiste en que en Menorca no se espera a tener el informe, si bien sí se remite una vez listo. No obstante, reitera que en los juzgados puede haber más causas por delitos de abusos sexuales a menores que ella desconoce porque no se le pide valoración y que incluso hay casos de los que tiene conocimiento en los que la víctima pide asistencia psicológica pero la Utasi nunca se la dará en las condiciones actuales porque desde el juzgado no se ha pedido informe de credibilidad al considerar que, para la causa penal, basta la declaración prestada.
«Si la Administración pone como requisito para atender a un menor algo que no puede tener de forma inmediata, no nos corresponde a nosotros. Yo lo lamento y no estoy de acuerdo», insiste y detalla que en la Oficina de Atención a Víctimas de los juzgados, como recurso asistencial que presta asesoramiento, orientación y ayuda a todas las víctimas, no hay requisito para atenderlas. «No te piden una sentencia donde el juez diga que has sido víctima», apunta. «La Administración tendrá que ver por qué no puede prestar un recurso asistencial a los menores que interponen una denuncia por abuso», afirma la psicóloga, que añade: «Este requisito es un cuello de embudo que impide que lleguen víctimas a la Utasi. Y sólo depende de ellos revisarlo».
