Sant Antoni ha iniciado el pago de las ayudas para el alquiler de viviendas dirigidas a las personas afectadas económicamente por la crisis del SARS-CoV-2. En total se ha destinado un importe de 97.195 euros que se reparten entre 68 familias del municipio, que han recibido aportaciones económicas de entre 1.500 euros y 825 euros, informó ayer el Ayuntamiento.

Las ayudas estaban dirigidas a personas arrendatarias de vivienda habitual, situadas en el término municipal de Sant Antoni, y que a consecuencia del impacto económico y social del Covid-19 tenían problemas para hacer frente al pago del alquiler. De esta forma, se podían beneficiar de las ayudas las personas que acreditaban estar en situación de vulnerabilidad económica y social a consecuencia del Covid-19, como encontrarse en el paro; estar en situación de ERTE; estar afectado por una reducción de jornada laboral por motivos de conciliación familiar, laboral u organizativos, siempre que tengan hijos menores de edad al cargo. También se incluye el caso de los autónomos con una reducción de ingresos del 75% o que la actividad que desarrolla haya quedado suspendida por el estado de alarma.

Del total de las 126 solicitudes, «lamentablemente», dijo el Ayuntamiento, 58 fueron excluidas, entre otras cosas por superar los ingresos mínimos, tener propiedades a su nombre, no llevar empadronado en el municipio el mínimo de un año, tener deudas con las administraciones o no haber atendido los requerimientos de documentación en las bases.

Vista la vulnerabilidad económica y social de determinados colectivos, la concejala de Servicios Sociales, María Ramón, dijo que se consideró «indispensable» ofrecer una ayuda pública mediante la concesión de ayudas al alquiler a las personas que, como consecuencia del impacto económico y social del Covid-19, tenían problemas para atender los gastos de alquiler de su vivienda.