El pleno del Ayuntamiento de Ibiza rechazó ayer cinco propuestas de ajuste fiscal presentadas por el grupo municipal del PP en las que se solicitaban bajadas y rebajas de diversos impuestos y tasas municipales. Los populares propusieron rebajar las tasas de basuras, ocupación de espacios públicos y del mercado municipal, además de los impuestos sobre la plusvalía de la compraventa de inmuebles y el IBI. También propusieron una línea de subvenciones al alquiler de locales comerciales, que también fue rechazada por el equipo de gobierno.
El PP pidió que las tres tasas se rebajasen un 50% solo para 2021, mientras que con los impuestos, pretendía un descenso del 70%, del 17% al 5% en el caso de la plusvalía, y del 0,73% al 0,60% en tres años en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La justificación popular para estas modificaciones de tasas e impuestos es la intención de ayudar a familias y empresarios a sobrellevar la mala situación económica derivada de la pandemia. Por su parte, en la negativa del equipo de gobierno municipal se articuló en dos argumentos.
El primero es lo que el segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás, calificó de «teatrillo» al que los populares recurrían, criticó, para llevar una batería de propuestas por separado en las que dejar clara su intención de bajar impuestos, aunque algunas de esas bajadas no beneficiasen realmente a los ciudadanos.
El segundo, el esgrimido por la concejala de Hacienda, Estefanía Torres, quien aseguró que no se podían plantear estas medidas sin mirar el presupuesto en su conjunto.
Como muestra, en el caso de la tasa del Mercat Nou, la popular Lourdes Cardona aseguró: «Ninguna de las medidas que han adoptado ha beneficiado a los comerciantes. Todas les han perjudicado», dijo y pidió que el Ayuntamiento tuviese un gesto con los del Mercat Nou.
Torres, por su parte, explicó que los empresarios que venden en el Mercat Nou pagan de media 75 euros al mes, precio que incluye agua, luz, limpieza y seguridad, entre otros servicios. «Hasta el hielo está subvencionado por el Ayuntamiento. Es una instalación deficitaria en la que las cuotas de los comerciantes no cubren los costes, que completamos desde el Ayuntamiento. Los 75 euros son la media, porque algunos pagan 40 euros mensuales», aclaró Torres.
El popular Jacobo Varela apuntó: «Es difícil entender que en esta situación el equipo de gobierno no ayude a los vecinos. Será difícil explicar por qué no quieren bajar impuestos».
En la actividad de control, Ciudadanos preguntó por el estado de la tramitación del PGOU. La primera teniente de alcalde, Elena López, aclaró a José Luis Rodríguez que el Plan General de Ordenación Urbana está pendiente del visto bueno de Recursos Hídricos del Govern al plan de gestión sostenible del agua. En cuanto a la propuesta de suelo inundable y el calendario de hitos, los dos últimos trámites que faltarían para llevar el plan ante el Consell para su aprobación definitiva, López también aclaró que se están ultimando. En respuesta a una pregunta de Rodríguez sobre la reanudación de las obras de la nueva depuradora, López informó de que Tragsa ha comenzado con el trabajo de campo de las expropiaciones necesarias para las canalizaciones que llevarán el agua a la nueva instalación.
El pleno aprobó también el nuevo convenio firmado con Abaqua junto a Sant Antoni y Santa Eulària para la gestión de las aguas residuales.
