El Ayuntamiento de Sant Josep ha hecho un balance positivo del primer año de funcionamiento de la oficina municipal de la vivienda, Habita, y su servicio de asesoramiento jurídico que ofrece tanto a inquilinos como a propietarios. En este tiempo, informa de que han atendido a 112 personas que formularon 168 consultas.
La intención del Ayuntamiento, según informa en una nota de prensa, es continuar dando este servicio, que «permite calibrar las necesidades de los ciudadanos y planificar las posibles ayudas económicas y sociales».
«El servicio de asesoramiento ha vivido un incremento de las consultas raíz del confinamiento y la crisis económica derivada de la Covid-19», advierte el Consistorio. Desde su puesta en marcha en septiembre de 2019 y hasta febrero pasado, registraron 61. «Con la reanudación de la atención en Habita Sant Josep en mayo y hasta el 30 de septiembre ya se han atendido 107 consultas», se indica en la nota municipal.
Hasta el mes de enero, el 90% de las consultas fueron realizadas por «personas en régimen de alquiler, sobre todo mujeres». Más del 80% de estas atenciones estaban motivadas por dudas relacionadas con la finalización del contrato de arrendamiento y la preocupación para perder la vivienda y tener que buscar una de nuevo.
En cuanto al perfil familiar, un 32% de las consultas afectan a familias convencionales, el 30% a familias monoparentales y el 28% a parejas sin hijos. El 10% de las consultas restantes las formularon los propietarios de los inmuebles.
En este primer periodo antes de la pandemia, el abogado Juanjo Ferrer, responsable del servicio, resalta la situación de Cala de Bou, donde han atendido «un número relevante de casos de personas que ocupan una vivienda, con el contrato de alquiler vencido o sin contrato, en pisos que han formado parte de quiebras empresariales, adjudicados a entidades financieras o fondos de inversión. En todos los casos se trataba de familias que tenían que hacer frente a procedimientos judiciales de desahucio».
Después del confinamiento de marzo, el perfil económico de los usuarios se ha modificado. «A pesar de que la mayoría de consultas las han seguido haciendo mujeres -agregan desde el equipo de gobierno en el balance-, en la mayor parte de casos se trataba de trabajadoras en situación de ERTE o paradas sin ningún tipo de ayuda y que tampoco habían recurrido previamente a los servicios sociales del Ayuntamiento, hecho que genera situaciones de angustia a las usuarias». Esto ha provocado, dicen, «que parte del trabajo de asesoramiento haya derivado a orientar en la solicitud de peticiones a la Administración».
