El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos en el Consell de Ibiza retoma ahora la reclamación de los 10,5 millones de euros que, defiende, le adeuda la Comunitat Autònoma por las llamadas bestretes, los adelantos pactados entre 2008 y 2013 a cuenta de la nueva ley de financiación de los consells insulares que se aprobó en 2014.

Para empezar, el PP y Cs llevarán una propuesta de acuerdo en el pleno del Consell de la próxima semana en la que se solicitará que se convoque de forma urgente al consell financiero interinsular para reclamar que se deje sin efecto la resolución del Govern, de 2018, que fija en 2,5 millones la deuda pendiente, cantidad que, según el conseller insular de Hacienda, Salvador Losa, no sólo es «insuficiente» sino que no cumple lo que establece la ley. «Tenemos que sentarnos y negociar, incluido un calendario de pagos», indica.

La negociación del pago de las bestretes fracasó en la pasada legislatura a pesar de que el PSOE gobernaba tanto en la institución insular como en la Comunitat Autònoma. De hecho, el exconseller insular de Hacienda, Gonzalo Juan, declaró tras las elecciones de mayo de 2015 (antes de que se produjera el cambio de gobierno) que le había dicho a su homóloga entonces en el Govern balear, Cati Cladera, actual presidenta del Consell de Mallorca, que en su nuevo cargo político vería la reclamación de Ibiza de «otra manera».

Entonces, el Consell se negó a aceptar la oferta a la baja del Govern balear. En concreto, entre los años 2008 y 2013, la Comunitat Autònoma previó avanzar al Consell un total de 16,5 millones a cuenta de la nueva ley de financiación, la que se aprobó en 2014 y que fija las variables con las que se calculan las cuantías que se aportan cada año a las instituciones insulares. De los 16,5 millones contemplados en seis años, el Consell ha ingresado seis. El Govern, en vez de abonar los 10,5 millones restantes, recalculó la cuantía aplicando de forma retroactiva los parámetros de la ley de financiación de 2014 y concluyó que al Consell le correspondían 8,5 millones en total, sólo 2,5 más de lo que ya ha recibido. Ni el anterior gobierno insular ni el actual lo aceptan.