«Este es el futuro de la gestión del taxi, tanto si llega dentro de tres años o siete, pero cuanto antes lo haga será mejor para los usuarios y el sector». El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Movilidad, Javier Torres, de Ciudadanos, apuesta por que la institución insular asuma el control y la gestión del servicio del taxi, ahora en manos de los ayuntamientos. En una isla como Ibiza, que tiene una superficie de 571 kilómetros cuadrados, no tiene sentido que haya cinco servicios de taxi, con fronteras municipales», justifica Torres, quien asegura que la mayoría del sector del taxi opina igual.
Otra cosa es la posición de los ayuntamientos. «No sé si lo verán igual», reconoce el vicepresidente. En todo caso, pese a que el Consell se plantea la posibilidad de que, de cara al nuevo reglamento de funcionamiento del taxi, los ayuntamientos cedan sus competencias al Consell, eso no implica que no deban tener «ni voz ni voto» en la gestión del servicio. Incluso no descarta que se pueda establecer alguna especie de «baremo o traspasar a los municipios los ingresos que se produzcan con la concesión de nuevas licencias». «Se puede crear una mesa o una comisión, en la que participen todos los ayuntamientos, y en la que sea necesario que un acuerdo se adopte por unanimidad de todos los miembros», indica también Torres.
El primer paso en este camino ya se ha acordado con los ayuntamientos: el próximo estudio para determinar el número de licencias estacionales necesarias (de cara a 2022) para satisfacer la demanda lo hará el Consell. También se llevará a cabo un análisis insular, y no de cada municipio, para evaluar si se debe ampliar la flota de taxis fija, según Torres. «Es la mejor forma, y la más objetiva, para identificar si hacen falta más taxis», indica el conseller.
Reunión con el sector
El vicepresidente planteó la posibilidad de que el Consell controle el servicio público del taxi en la isla hace unos días en una reunión que mantuvo por videoconferencia con los representantes de todas las asociaciones del sector. El Consell les remitió un informe sobre la consulta previa del futuro reglamento en el que ya se plantea esta propuesta. El documento señala que esta opción, la de crear un órgano de carácter supramunicipal, «había sido descartada en los últimos años por suponer la cesión de las competencias municipales».
En dicha reunión se abordó también la modificación de la orden de carga que, pese a que se había consensuado con los ayuntamientos, el Consell está dispuesto ahora a introducir cambios a propuesta del sector. Torres argumenta que había «prisa» por aprobar la nueva orden de carga para resolver el problema que afecta a Vila sobre el uso del GPS (el reglamento municipal no prevé que se puedan ofrecer servicios a taxis de otros municipios) de cara a este verano.
Sin embargo, el primer intento de aprobar la orden de carga por la vía rápida en el Parlament no prosperó y luego ya se echó encima la temporada turística, muy diezmada, además, por la crisis sanitaria. Por ello, Torres asegura que ahora hay «más tiempo» (el objetivo es que la orden esté aprobada antes del próximo verano) para incorporar algún cambio a propuesta de los taxistas o los ayuntamientos. Esta orden la debe tramitar el Govern balear y someterse, además, al dictamen del Consell Consultiu.
Torres aclara que la nueva orden de carga debe ser «una herramienta de transición» y que «no arreglará algunos problemas», como, por ejemplo, la imposibilidad de aplicar una sanción automática al taxista que se niegue a prestar un servicio. «Ahora se debe tramitar un expediente de sanción que al taxista le puede llegar a los cuatro meses y a lo mejor entonces ya le da igual. Si se aplicasen sanciones automáticas [dos horas de paralización del vehículo, por ejemplo], el taxista se pensaría dos veces si debe o no rechazar un servicio», justifica.
Para ello, habrá que esperar al reglamento. «Según qué cosas no se pueden poner en la orden de carga porque no es un reglamento y el Consell Consultiu la podría tumbar», argumenta Torres. El vicepresidente segundo sostiene que «el objetivo» es que el reglamento esté listo en 2022.
