El Ayuntamiento de Sant Antoni, gobernado por el tripartito que forman el PP, el PI y Ciudadanos, critica el decreto ley de medidas de protección del territorio que entró en vigor el pasado lunes y que, según el concejal de Urbanismo, Miquel Àngel Costa, desclasifica directamente 80 hectáreas de suelo urbanizable del municipio. La nueva normativa de protección del territorio del Govern también afecta a 50 hectáreas de suelo urbano no consolidado, es decir, sin desarrollar. Ahora, el Consell tiene que decidir con el Ayuntamiento si estos suelos urbanos se mantienen igual que ahora o bien si deben pasar a urbanizables o rústico.

Costa critica que al perder suelo edificable el municipio se queda sin el correspondiente 15% del terreno que los promotores, según marca la ley, deben ceder a los ayuntamientos y que se destinan a servicios y equipamientos, como «escuelas, escoletes, zonas verdes...». «Lo más grave es que una parte se destinaría a la construcción de viviendas de protección oficial. Nos quedamos sin estos terrenos», lamentó el nuevo concejal.

También arremetió contra el Ejecutivo autónomo porque el nuevo decreto ley urbanístico «usurpa competencias a los ayuntamientos y al Consell». Además, Costa destacó que «se ha hecho sin consenso y en un momento inoportuno, durante el estado de alarma».

El Consell ha convocado a todos los ayuntamientos el próximo martes a una reunión para evaluar conjuntamente la afectación del decreto-ley en cada municipio y el criterio que se debe aplicar para decidir sobre la clasificación de los urbanos no consolidados.