El ministro Ábalos lo dejó caer en el Congreso en la pasada legislatura y ayer salió a relucir en la declaración institucional de Las Palmas. Se pedirá al Gobierno que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado «la exigencia a las compañías aéreas de que la condición de residente se acredite a la finalización de compra de billetes». Es una reivindicación ciudadana, pues se sospecha que las tarifas se alteran a ritmo de algoritmo en cuanto una web sabe que el comprador es un viajero con derecho a descuento.
