El pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobó ayer un añadido al convenio firmado en 2010 para la construcción del grupo de viviendas protegidas de Ca n'Escandell, que permitirá desastascar este proyecto, después de la parálisis en que lo mantuvo el Gobierno central del PP, y que se complicó con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El acuerdo adoptado ayer ha sido posible después de la inyección económica ordenada días pasados por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la entidad pública Sepes, encargada de construir las VPO.
Con la adenda al convenio se podrán construir 532 viviendas con algún tipo de protección social, lo que supone un centenar más de las previstas inicialmente. Además, el proyecto incluye el gran parque público que lleva varias décadas anunciándose en este barrio.
El acuerdo ha contado con la abstención del grupo del PP, partido que consideró «positivo» este proyecto, pero consideró que todas las viviendas «deberían dedicarse a alquiler social», no a venta, y la superficie de cada piso debería ser algo menor al promedio actualmente previsto de 100 metros cuadrados, al objeto de que pueda haber un número mayor, «dado el problema de vivienda que hay en la ciudad», afirmó el concejal del PP Joan Tur Ripoll.
De las 532 viviendas que se construirán, un total de 70 irán a parar al Ayuntamiento, según destacó la concejala de Urbanismo, Elena López.
La entidad Sepes tiene un plazo de cuatro años a partir de la aprobación de la revisión del PGOU (que aún está pendiente del Consell) para ejecutar la urbanización y las infraestructuras del parque previsto. En la venta de las parcelas para viviendas protegidas, Sepes se compromete a introducir una cláusula por la que el promotor se compromete a edificarlas en un plazo máximo de entre tres y cuatro años.
Aparcamientos en el puerto
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por el grupo del PP para pedir a la Autoridad Portuaria de Balears permiso «para utilizar de forma temporal y con el horario y sistema de rotación que se considere adecuado, las plazas de aparcamiento de la estación marítima de las barcas de Formentera durante la temporada baja o, como mínimo, durante las fiestas navideñas y la temporada de rebajas».
Del mismo modo, el pleno dio el visto bueno al proyecto para ensanchar el tramo de la calle es Jondal que es de un solo sentido para que pase a ser de dos. De este modo se quieren evitar los accidentes que se producen en esta zona, destacó el equipo de gobierno.
Subvenciones innecesarias
Durante la sesión, el concejal del PP Álex Minchiotti dio a conocer un informe elaborado por el jefe de sección de Transportes del Consell en el que «desaconseja» explícitamente y en varias ocasiones la subvención de casi un millón de euros todos los años a la concesionaria de la estación de autobuses del edificio Cetis. La decisión de abonar esta cantidad a la empresa Sagalés desde las arcas del Consell responde, según reza este informe técnico, a «un criterio de oportunidad política que resulta jurídicamente posible y técnicamente viable, pero desaconsejable por lo que comporta de retracción de recursos del Consell, que podrían destinarse a mejoras en el servicio».
Minchiotti recordó que para alcanzar el equilibrio presupuestario en la explotación de esta concesión, la empresa «dispone de cuarenta años» y no necesariamente ha de conseguirse en los primeros años. Además, no se prevé un límite temporal para la concesión de esta subvención millonaria.
El equipo de gobierno replicó que lo relevante es que ese informe acaba siendo favorable a las condiciones para la apertura de la estación, que, por otra parte, es «inminente», según el concejal de Movilidad, Juan José Hinojo. «Todos sabemos distinguir entre un 'sí, pero' y un 'no'», señaló para restar importancia a estas advertencias del propio Consell.
