El diario digital Público expresó ayer sus sospechas de que detrás de las denuncias de Bartolomé Cursach y su exnúmero dos Bartolomé Sbert por un presunto delito de revelación de secretos se halla una tentativa de apartar al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán del caso Cursach. En ese sentido se interpretarían las requisas judiciales de teléfonos móviles y otros útiles de trabajo de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou.
Público sostuvo que, según fuentes policiales, «se ha pactado en los despachos» la decisión de no perseguir al magnate del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach, por el presunto delito fiscal contenido en el informe policial filtrado y por el que el juez Florit ordenó el martes los registros a periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press Balears.
El objetivo de estas actuaciones respondería a señalar al fiscal Miguel Ángel Subirán como responsable de revelación de secretos «para hacer zozobrar toda la causa» sobre la presunta mafia policial y la corrupción del PP.
El informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acusó al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016. Un posterior peritaje de la Agencia Tributaria descartó el delito fiscal, por lo que el juez redujo las pesquisas a un simple delito contable.
Por otro lado, el juez Florit decretó el secreto sobre el delito fiscal de Cursach varios días después de que Blanqueo de Capitales emitiera su informe, que fue publicado por los dos medios.
