Los ocho diputados del PSOE que rompieron la disciplina de grupo en la investidura de Rajoy, entre ellos la ibicenca Sofía Hernanz, consideran que su voto «en conciencia» ese día era «un derecho innegable» que tenían en virtud de su reglamento interno y que les asiste la Constitución (el artículo 67.2 que prevé que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligadas por mandato imperativo), según las alegaciones que presentaron ayer al comité de disciplina de su partido en relación al expediente sancionador. Los siete del PSC también votaron en contra del Gobierno del PP y ya habían presentado sus alegaciones.
Los ocho díscolos (Susana Sumelzo, Margarita Robles, Zaida Cantera, Odón Elorza, Rocío de Frutos, Luz Martínez Seijo, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz) alegan que se trataba de una votación «excepcional para la credibilidad del sistema democrático» y «trascendental para la vida de un proyecto político centenario como el del PSOE, en medio de una profunda crisis de la organización».
Tras subrayar que consideran que su voto fue un «ejercicio de responsabilidad y coherencia», dirigido a «salvaguardar la credibilidad del proyecto de cambio del PSOE para el futuro», estos diputados inciden en que concurrían las condiciones excepcionales que recoge el artículo 33 del reglamento del grupo para que éste hubiera permitido la libertad de voto por razones de conciencia.
Asimismo alegan que no han «causado ningún daño al PSOE, ni significado ningún sacrificio de su proyecto, ni un ataque a su programa y valores», y que tampoco han «impedido la gobernabilidad de España, puesto que solo se precisaban 11 de los 84 votos con que cuenta el grupo socialista».
Más que la sanción económica (600 euros), los expedientados temen ser apartados de sus portavocías. Hernanz ocupa un puesto en la dirección del grupo y, según han publicado diversos medios nacionales, la comisión gestora pretende que también abandone esta responsabilidad.
