Las más de 40 infraviviendas de la UA27 del barrio de sa Penya se convertirán en un máximo de doce casas de protección oficial, lo más probable que en régimen de alquiler, según anunciaron ayer el conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, tras la firma del convenio que marcará los pasos para abordar la rehabilitación del degradado espacio.

Los técnicos de la dirección general de Vivienda de la conselleria y del Ayuntamiento de Ibiza ya han comenzado a redactar el proyecto básico de rehabilitación. «Está muy avanzado», indicó el alcalde de Ibiza durante la rueda de prensa, a la que asistió buena parte del equipo de gobierno. El Govern calcula que a finales de septiembre estará completamente terminado, de forma que el Ayuntamiento pueda iniciar la tramitación del concurso público de la obra mientras sus propios técnicos redactan el proyecto de ejecución. «Esto permitirá agilizar los trámites y ganar tiempo», afirmó el alcalde tras la firma del convenio

Ni el alcalde ni el conseller quisieron aventurar una fecha de cuándo finalizará la recuperación de la manzana comprendida entre las calles Alt y Retir ni lo que costará. «Determinar el coste y la ejecución de una rehabilitación siempre es difícil. Hay unos condicionantes de patrimonio que hacen que no sea un proyecto fácil ni en su redacción ni en su ejecución. No es fácil hacer previsiones. Hay que dar un paso detrás de otro», indicó Pons.

Viviendas de alquiler

Ruiz, por su parte, recordó que hay una partida de alrededor de dos millones de euros a cargo del Consorcio Patrimonio de la Humanidad «para la adjudicación». «Cuando tengamos el proyecto y el pliego de condiciones sabremos el dinero que costará la rehabilitación», añadió. El conseller apuntó que, una vez finalizado el proyecto, éste no tendrá que recibir el visto bueno de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio Historicoartístico (Ciotupha), sino únicamente del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Dalt Vila.

El alcalde de Ibiza afirmó que las nuevas viviendas -un máximo de doce, según apuntó el arquitecto municipal Ramon Ollé- serán de protección oficial y, lo más seguro, en régimen de alquiler. El Ayuntamiento decidirá más adelante, cuando más definido el proyecto, las bases para poder acceder a ellas y los colectivos a los que irán destinados estos hogares. «La intención del Ayuntamiento es hacer vivienda pública y la conselleria es consciente de que Ibiza es uno de los lugares de Balears e incluso de España en los que el acceso a la vivienda es más difícil», explicó el alcalde.

Ollé detalló que aún no está claro el número de viviendas que se podrán construir, pero afirmó que, teniendo en cuenta los metros mínimos que debe tener una casa y los espacios determinados por la conservación de las fachadas, en ningún caso serán más de doce. De hecho, lo más seguro es que finalmente sean alguna menos. El arquitecto municipal explicó que el plan prevé también el soterramiento de las instalaciones de suministros, el derribo de dos o tres de las actuales viviendas y de lo construido sin permiso, espacio para equipamientos y zonas de disfrute público [más información en página 4].

Tanto Ruiz como Pons insistieron en que el objetivo del proyecto es «recuperar el emblemático e histórico barrio para la ciudadanía». «Que sea uno más de Ibiza», apuntó el alcalde, que hizo hincapié en que el proyecto no supondrá únicamente una mejora arquitectónica, sino también social. Además, recalcó que llevarlo a cabo es responsabilidad no sólo del Ayuntamiento, que debe contar con «el apoyo de diferentes instituciones como el Consell de Ibiza y el Govern balear».