El Parlament balear solicitó en octubre al Ministerio de Justicia una inspección en el Juzgado de Violencia de Género de Ibiza, a raíz de una iniciativa del diputado del PP Miquel Jerez después de que trascendiera que una mujer se suicidó en Vila acosada por su expareja, que tenía una condena firme e incumplía sistemáticamente la prohibición de comunicarse con ella y seguía acosándola. Esta mujer, Sara Calleja, envió una carta a la jueza de Violencia de Género de León (que llevaba su caso) antes de quitarse la vida en la que explicaba su calvario, se quejaba de que la Justicia no había sido capaz de protegerla y que incluso había presentado dos denuncias en Ibiza contra el hombre que la acosaba pero que ni siquiera había obtenido respuesta.
El diputado ibicenco mostró ayer «su satisfacción, aunque dentro de un estado de preocupación», y destacó «el hecho de que se promueva la investigación» y la «depuración de responsabilidades» en el caso de que las hubiera. El diputado recordó que planteó personalmente su petición al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le anunció que se realizaría esta inspección. Según destacó Jerez, el ministro le comunicó en su momento que había expedientes abiertos a funcionarios de ese juzgado y que también le expresó sus dudas por la «conflictividad y el funcionamiento anormal» del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza.
