El deteriorado emisario de Talamanca debe esperar una solución «a largo plazo», pero no será sustituido antes del verano. Así lo explicó ayer el conseller balear de Medio Ambiente, Gabriel Company, tras reunirse con los representantes de las instituciones pitiusas y de la Asociación de Vecinos de Talamanca. Company enumeró de nuevo las medidas provisionales acordadas con el Ayuntamiento de Ibiza y que serán las que se ejecuten «a corto plazo»: vigilancia para evitar los fondeos, anclaje de la canalización al fondo marino, colocación de ventosas para disminuir la presión y balizamiento de su trazado.
Sin embargo, siguió defendiendo que para no incurrir en ninguna ilegalidad, dada la situación «alegal» del emisario, la mejor opción es esperar a tramitar la sustitución del emisario en paralelo a la construcción de la nueva depuradora de Vila. Si las instituciones se mantienen en este supuesto el emisario, construido en 1985 y que según el propio Company debería haber sido renovado hace 15 años, no será sustituido antes de cuatro temporadas turísticas. Eso en el mejor de los casos y si la tramitación no sufre retrasos.
Tramitación
Las bases para la licitación de la nueva depuradora de Vila (a la que se condiciona la canalización submarina) no se han publicado todavía, aunque se ha anunciado que se hará en el primer trimestre de este año. A continuación se iniciará el procedimiento legal de adjudicación lleno de plazos con exposiciones públicas, constitución de mesa, elección de proyectos, periodo de alegaciones, etc. El conseller indicó ayer que, cuando finalmente comience la obra, el plazo de ejecución se estima en dos años y medio. De este modo parece poco probable que el emisario se sustituya antes de la temporada turística de 2018, y eso si no surgen imprevistos ni se retrasa el procedimiento. El ejemplo ofrecido por el conseller, quien recordó que el proceso de legalización del emisario de Cala Tarida ha durado siete años, permite hacerse una idea de lo que podrían alargarse los plazos en el caso de Talamanca. «Lo que se legaliza no es la tubería sino el vertido, por eso todo nos lleva a la depuradora», advirtió.
Los juristas de la Comunitat Autònoma han determinado que la situación de este emisario no reúne los requisitos para ser declarada emergencia, lo que permitiría acometer las obras de forma inmediata. Company comunicó la postura de los técnicos del Govern a Vicent Serra y Virginia Marí, quien manifestó que sigue considerando necesaria esta declaración. Company dejó abierto un resquicio a la esperanza al acordar que los letrados del Ejecutivo se reúnan próximamente con técnicos del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza y con el abogado que asesora a los vecinos de Talamanca para revisar el informe que deniega la declaración de emergencia «desde otras perspectivas».
Company señaló que el emisario ha sufrido en los últimos años una rotura anual, a excepción del año pasado que fueron dos, y atribuye la mayor parte de estos incidentes al fondeo de embarcaciones. Virginia Marí coincide en este diagnóstico y por eso confía en el buen resultado que pueden dar la vigilancia y el balizamiento. Como segunda causa el conseller apuntó un anormal incremento de la presión en esta canalización en determinados momentos, para lo cual se ha optado por anclajes ecológicos.
En cuanto a la nueva depuradora de Vila, cuya licitación a diferencia de la de Santa Eulària todavía no se ha publicado, el conseller asegura que está pendiente de «financiación de la Unión Europea» y reitera que el compromiso del Gobierno central es hacerlo antes de abril.
José Colomar, presidente de la Asociación de Vecinos de Talamanca, insistió en la necesidad de declarar la emergencia y recordó que la depuradora se construyó para una población de 25.000 habitantes que ya se ha triplicado. En cuanto a la amenaza vecinal de denunciar al Govern por un delito medioambiental, aseguró que la decisión se tomará en asamblea el día 6. Company, entre risas, aseguró que las demandas no acelerarán el proceso y que la conselleria es la más interesada en que la situación se resuelva cuanto antes.
Inducción al delito
También tuvo palabras para los políticos que aseguran que el emisario se debe sustituir aunque sea ilegal: «Me debería plantear si lo tengo que enviar a Fiscalía por inducción a cometer un delito», advirtió, convencido de que nadie de su equipo ni el presidente del Consell ni la alcaldesa se atreverán a emprender la obra de forma ilegal.
Company no pudo precisar cuántos emisarios alegales existen en la costa de las Pitiüses pero respondió a las acusaciones del PREF en el pleno del lunes: «No retrasamos nada. Si mañana lo pudiéramos hacer lo haríamos». Pidió también seriedad y que el emisario no se utilice en la contienda electoral.
