Over Marketing, una empresa que gestionó campañas electorales del PP en Balears y publicidad institucional del Govern durante la etapa de Jaume Matas, podría haber sido un instrumento para financiar ilegalmente al PP, según las investigaciones que llevan a cabo el juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que dirige el juez José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción.

El 3 de noviembre de 2012, Diario de Ibiza reveló que un informe de la Guardia Civil sobre los documentos intervenidos en las oficinas de Over mencionaba una factura emitida a Ibiza Imagen SL el 19 de enero de 2005 por un «curso de portavocía de 23 de febrero de 2004 para el senador Antoni Marí», alcalde de Sant Joan y ahora también conseller insular de Agricultura. El administrador único de Ibiza Imagen SL era Guillem Riera, jefe de la campaña electoral del PP de Ibiza en 2003 y marido de la diputada autonómica Cati Palau, sobrina del entonces presidente del Consell, Pere Palau. El curso, de un día de duración, costó 3.750 euros más el 16% de IVA: en total, 4.350 euros, una cifra idéntica a otra que posteriormente aparece ligada al Consell.

En la relación de facturas de Over examinada por los investigadores, y entre las relacionadas con el Consell de Ibiza y sus empresas públicas Spoctur y Fecoef, obra un misterioso documento de febrero de 2006 titulado Over-Cobros, en el que aparece el siguiente apartado: «Consell Ibiza: Pere Palau 21.914 euros (Tenemos un pagaré de 4.350 euros para el 25 de julio. Tema Ernesto Guasch [entonces gerente del Recinto Ferial] y Spoctur ¿?».

Después de que se publicaran estas informaciones, Antoni Marí, Carraca, admitió que en 2004, siendo candidato del PP al Senado, recibió un curso de portavocía en Madrid, pero dijo que ignoraba cuánto costó y quién lo pagó. Marí explicó que el partido le había propuesto el curso y que le «guió» el jefe de campaña del PP, Guillem Riera, cuya empresa particular Ibiza Imagen SL fue precisamente la que facturó y cobró por ese cursillo.

«Enseñar a hablar a los candidatos»

En el informe de la Agencia Tributaria sobre las ventas declaradas por Over aparecen también el Consell de Ibiza, Spoctur y Fecoef. En 2005, la empresa investigada declaró una venta a Spoctur de 8.029 euros y otra al Consell de 5.017 euros. En 2006 se declara otra venta de 5.016 euros al Consell. Las dos facturas aparecen como abonadas en el listado de 2007.

Paloma B. P., que trabajó para Over entre primeros de 2003 y mayo de 2005, declaró ante el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach que la empresa organizó en Ibiza en el año 2003 «un taller de portavocía» a «candidatos del partido». Ella misma estuvo en Ibiza para impartir el curso: «Era la encargada, como monitora de contenidos, de enseñar a hablar a un grupo de candidatos del Consell», afirma en su declaración. La testigo dijo que creía recordar que el curso se organizó «con motivo de las elecciones autonómicas», pero aseguró que desconocía cómo se facturó, cuánto costó y si el taller fue un encargo directo del PP.

Además del de Antoni Marí, Carraca, Over Marketing impartió otros cursos de portavocía a candidatos del PP de las islas. La factura de uno de ellos, por importe de 5.626 euros y un día de duración, está dirigida al Govern.

Después de estas revelaciones periodísticas, el presidente del Consell y del PP de Ibiza, Vicent Serra, dijo que este asunto «afecta al partido» y que se abordaría en sus órganos de dirección, pero que en ningún caso pensaba abrir una investigación interna o tomar alguna medida. «No es una cuestión sobre la que tengamos que tomar ninguna postura, únicamente confiar en la investigación judicial», señaló.

PSOE-Pacte: «¿Qué esconden?

Desde que publicó la primera información en noviembre de 2012, Diario de Ibiza ha solicitado reiteradamente consultar las facturas, sin obtener ninguna respuesta. Meses más tarde lo pidió también la oposición progresista, que tampoco lo logró. En el pleno de la institución del 21 de septiembre, el PSOE-Pacte denunció la actitud del equipo de gobierno. «Nos están negando ver estas facturas. Esto es muy serio. Eso tiene un nombre: ocultación de información. ¿De qué no quieren que nos enteremos? ¿Qué esconden?», preguntó la consellera Patricia Abascal. Ayer, el presidente del Consell intentó justificar sus negativas: «Nosotros optamos por obrar con prudencia, sabiendo que posiblemente [las facturas] podían estar vinculadas a algún procedimiento que pudiera salir adelante. Nuestra intención era no mediatizar, sino entregarla, si hacía falta, en cualquier procedimiento judicial que se pudiese abrir o que estuviese abierto. Por lo tanto, ahora mismo, estas facturas están donde están, y no están precisamente en la calle ni mediatizadas».