Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil se personaron ayer en la sede del Consell de Ibiza para requerir documentación vinculada a la investigación del llamado caso Over, una ramificación de la trama de corrupción Gürtel, en la que se investigan la existencia de contratos irregulares a la empresa Over Marketing por parte de administraciones de Balears y la Comunidad Valenciana. Los agentes llegaron al edificio de la avenida de España a las 11 horas y lo abandonaron a las 15.30. Cuatro horas y media para obtener «facturas, expedientes de contratación, aprobaciones de gasto, órdenes de pago y otros» que acreditaran los servicios prestados a la institución por nueve empresas entre los años 2004 y 2008.
El requerimiento de la Guardia Civil no se refería únicamente a los contratos tramitados por el Consell, sino también a los encargados por todos los organismos y empresas públicas que de él dependen. De hecho, un informe de la Agencia Tributaria sobre los ingresos de Over Marketing, incorporado al sumario de la presunta trama corrupta, señala que esta empresa facturó en cinco años 2,3 millones de euros a administraciones baleares. En 2005 declaró ventas por 8.868 euros a Ferias y Congresos de Eivissa y Formentera (Fecoef), por 8.029 a Spoctur y por 5.017 al Consell. A esta institución le facturó al menos 5.000 euros más el año siguiente. A pesar de haber estado más de cuatro horas esperando, toda la documentación reclamada por los agentes cabía en un sobre, que fue lo que se llevaron consigo al abandonar la institución, según fuentes del Consell.
«Secreto de sumario»
El equipo de gobierno justifica la tardanza porque la documentación requerida era antigua y estaba ya ubicada en el archivo definitivo de la institución. El presidente del Consell, Vicent Serra, se dirigió a los medios de comunicación, acompañado por el vicepresidente Mariano Juan, mientras la policía judicial de la Guardia Civil estaba todavía recopilando datos en la sede de la institución. Destacó que la documentación requerida afecta «a dos legislaturas». Entre 2004 y 2007 el presidente del Consell era Pere Palau, que ayer aseguró estar «muy tranquilo». Xico Tarrés la gobernó en 2008. Así, Serra aprovechó para extender la sospecha sobre la etapa de gobierno progresista. No obstante, ni en la investigación policial ni en los informes de la Agencia Tributaria constan hasta ahora acuerdos o contratos con Over desde que el PP fue dealojado del poder en 2007, aunque no se excluye la posibilidad de que pudiera haberse abonado posteriormente alguna factura de la etapa anterior.
Serra aclaró también que el requerimiento judicial excedía lo solicitado con anterioridad por la oposición y Diario de Ibiza. «Son nueve empresas (PSOE-Pacte había pedido información sobre siete) y nos ha costado un poco más encontrarlo. En algún caso, hemos buscado y no hay ningún tipo de factura de alguna de las empresas que nos piden», indicó el presidente del Consell, que lo es también del PP en Ibiza. No quiso especificar a cuánto ascienden las facturas reclamadas en la investigación ni a qué departamento corresponden. Tampoco detalló los nombres de las empresas por las que se había interesado el Instituto Armado.
«No sé de qué va el tema»
Aseguró que no puede decir nada «por indicación de los servicios jurídicos» y remitió a los juzgados para obtener más datos. Añadió que al tratarse de un requerimiento judicial, el Consell no puede «desvelar información» que está «bajo secreto de sumario».
El expresidente Pere Palau aseguró, en declaraciones a Radio Ibiza: «Todo lo que se hizo está dentro de la legalidad y de los controles que tenía que haber en la casa. No sé de qué va el tema, pero me parece muy bien que si tienen que pedir algo lo pidan. Estoy completamente tranquilo».
