El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) que incluye un procedimiento para legalizar edificaciones en suelo rústico en situación irregular de más de ocho años de antigüedad y que no tengan ningún expediente sancionador abierto. De este modo, la conselleria de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente establece una amnistía para todas estas viviendas y evita castigarlas por haber incumplido la ley.
El conseller Gabriel Company explicó en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que de esta legalización podrán beneficiarse viviendas e instalaciones de uso agrícola aisladas, que tendrán tres años para llevar a cabo el proceso, siempre que se haya producido un previo desarrollo reglamentario por parte de los consells.
La regularización se llevará a cabo mediante un procedimiento municipal y pagando, además de los gastos ordinarios -como planos y la licencia de obras-, una sanción del 15% del coste de ejecución material si se legalizan el primer año, del 20% el segundo y del 25% el tercero.
Reivindicación de Ibiza
Company aseguró que el Govern no dispone de una estimación de las construcciones afectadas por esta situación, pero sí dijo tener constancia de que es una reivindicación histórica del Consell de Ibiza en relación a numerosas «casitas» y sabe que «el mayor volumen es de unas épocas bastante antiguas», según afirmó el conseller.
«Tienen que demostrar que hace más de ocho años que están allí y que nadie ha dicho nada», añadió.
No podrán acogerse a esta medida las edificaciones realizadas en suelo protegido y en alguna de las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) que fijó la Ley de Espacios Naturales (LEN) a partir de 1991.
«Se tiene que acabar el mirar hacia otro lado», indicó el conseller, que explicó que esta regularización permitirá solventar un problema antiguo y a la vez evitará «un efecto llamada» al limitar el proceso en el tiempo.
Aunque el conseller no se refirió a ello, esta normativa incluye también, por primera vez en la historia de Balears, la figura de los controvertidos convenios urbanísticos, que permiten establecer acuerdos con personas particulares que no son propietarias de los terrenos afectados para desarrollar actuaciones urbanísticas.
Por otra parte, la ley da prioridad a las actuaciones de regeneración y renovación en zonas urbanas, al «dar facilidades para que lo que ya es suelo urbano se pueda construir y lo que se pueda regenerar se regenere antes de que haya nuevos desarrollos», manifestó Company.
Otra novedad de la ley es que las obras menores se podrán acometer «con una sencilla comunicación previa», en vez de la tramitación establecida hasta ahora, mucho más lenta.
También se regula por primera vez la Inspección Técnica de Edificios con una norma que luego desarrollarán los municipios.
La Ley del Suelo endurece el régimen sancionador, porque «se pretende también tener más contundencia sobre las actuaciones ilegales», aseguró Company. «El que hace una obra ilegal se le debe sancionar y obligar a derribar la edificación», añadió.
Además, se dan competencias a los consells para que puedan parar inmediatamente las obras ilegales en suelo rústico.
El equipo de gobierno del Consell emitió un comunicado en el que se declara «satisfecho» por la aprobación del proyecto de Ley del Suelo y la regularización de casas ilegales. Este punto «da cumplimiento a un compromiso electoral y recupera la plena vigencia del Plan Territorial Insular», afirmó el conseller Mariano Juan.
