­El abogado de Ibiza Joan Cerdà ha redactado la proposición de ley de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve una comisión surgida en Galicia y cuyo objetivo es lograr la legalización en España de la gestación subrogada, conocida como «vientre de alquiler», una técnica de reproducción que ahora está reservada «a personas pudientes» que recurren a ella para tener hijos en el extranjero y después los inscriben como suyos en los registros civiles españoles.

La iniciativa surge a raíz del caso de una pareja de Lugo que perdió a su hija en la semana 38 de gestación debido a una complicación del embarazo, relata la secretaria de la comisión promotora, Aurora González. «Marta perdió a su niña y le quitaron el útero, y con esto la posibilidad de ser mamá en el futuro».

La mujer comenzó a buscar soluciones y barajó como posibilidad la gestación subrogada. «Nosotros que estábamos muy próximos a ella empezamos a mirar en internet, a ver en qué países se podía hacer, lo que costaba... Entonces se nos ocurrió intentar que se legalizara en España, pues nos parecía muy raro que no se hubiera hecho», relató.

Así, la comisión, constituida en enero, contactó con Cerdà por un artículo jurídico en el que él planteaba que, pese a que la gestación por subrogacción se encuentra «taxativamente prohibida» en España, una instrucción de la dirección general del Registro y el Notariado de 2010 «suponía su legalización de facto», al permitir que los progenitores subrogantes inscriban al bebé en el Registro Civil «si la maternidad se había hecho en determinados países con plenas garantías».

Para González y para Cerdà esta situación genera gran desigualdad entre quienes tienen recursos para permitirse ir al extranjero y pagar el dinero que se solicita por este proceso y los que carecen de ellos.

«Tengo clarísimo que es una auténtica aberración que en este momento los más pudientes puedan acceder y los otros no; hay una hipocresía del sistema que conculca cualquier principio de igualdad», resalta el letrado, que matiza que no se trata solo de una cuestión de dinero «que también, pues hablamos de cantidades que pueden rebasar los 100.000 euros», sino de tener habilidades sociales y culturales para llevar el proceso adelante, «ir al extranjero, buscarse la vida, tomar la decisión...».

En este sentido, González opinó que resulta discriminatorio: «Si tienes dinero como Miguel Bosé o la baronesa Thyssen para irte fuera y hacerlo, no pasa nada, traes a los niños aquí, los inscribes como hijos tuyos y tuyos son, pero en el caso de Marta u otras parejas que no tienen esa capacidad económica, no pueden acceder a ello. Y si en España la Constitución predica la igualdad, deberíamos garantizarla».

Según el letrado no hay una cifra de cuántas personas en España se acogen a esta técnica, pues los colectivos que se mueven en este ámbito son «opacos», en tanto que en este momento se trata de un negocio que mueve mucho dinero.

Pero los potenciales beneficiarios pueden ser muchos: «En España hay muchas mujeres que nacen sin útero; otras que lo tienen pero por problemas de salud como cáncer está contraindicado el embarazo y no pueden gestar; están también las parejas gais...», enumera González, quien cree que el apoyo a la ILP, además de venir de estos colectivos, llegará también de «parte importante de la población que, aunque no piense ni necesite recurrir a la gestación subrogada, lo verá como algo sin contraindicaciones o problemas, pues los niños son muy deseados y serán muy queridos».

Al no haber normas de este tipo similares en Europa -según Cerdà hay países que lo permiten en muy determinados casos o no lo prohíben pero no existe una ley marco que lo contemple como una técnica más de reproducción asistida, que es lo que él pretende-, el letrado ha redactado la proposición fijándose en el derecho de otros países y buscando la manera de «encardinarlo» en el sistema jurídico español.

Uno de los aspectos de la proposición -ya redactada y pendiente de que la comisión la valore y le dé su visto bueno- en los que Cerdà hace hincapié es en que en ningún caso esta iniciativa se convierta «en una industria», lo que, a su juicio, ocurre ahora, con agencias que bucan países en los que llevar a cabo esta técnica, como Ucrania o la India, con mejores precios que California -«el sitio que parece más fiable científica y legalmente»- y quizás «con un mayor margen de beneficio» para ellas, dice. «Es una situación con la que hay que acabar por el bien de todos, de los padres que pretenden acogerse, de los menores y las gestantes», asevera.

A este respecto, subraya la importancia de fijar unos límites e insistir en que nunca se habla de retribución o negocio, sino que se da una compensación a la gestante, igual que se compensa la donación de ovulos o de esperma, por los gastos que le suponga, todo ello desde «un sentido ético pero también práctico, de que nadie se va a dedicar a ello por dinero».

Una vez que la comisión promotora apruebe el texto, se iniciará la recogida de firmas que permitirá su debate en el Congreso de los Diputados.

El colectivo, con muchos apoyos por España, tendrá nueve meses para reunir 500.000. Después, González expresó su confianza en que los diputados la lleven adelante: «Tenemos la esperanza de que los políticos vean que es una necesidad social, que no se hace daño a nadie, pues las personas que intervienen en la gestación subrogada lo hacen de forma voluntaria y libre».