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Corrupción

El juez interroga al ex jefe de prensa de Matas por la financiación irregular del PP

El juez le preguntó sobre varios contratos concedidos a través de una agencia de publicidad - Los investigadores tratan de esclarecer si fondos del Govern se destinaron a pagar gastos electorales del Partido Popular

El juez de instrucción 3 de Palma José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach interrogaron ayer por la tarde a Joan Martorell, ex director general del área de Comunicación del anterior Govern, en la pieza secreta por presunta financiación irregular del PP abierta en el sumario del Palma Arena, la supuesta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre. Al actual jefe de prensa del PP se le preguntó sobre una serie de contratos y subvenciones que realizó su departamento a través de la empresa de publicidad Nimbus.

Además de Martorell, también se tomó declaración ayer noche al periodista Antonio Alemany, editor de la publicación digital Libertadbalear, para aclarar unas ayudas económicas recibidas del anterior Govern balear. Con anterioridad el juez ya había tomado declaración a varios empleados de la agencia de publicidad que realizó la campaña del Partido Popular en la última cita electoral.

La jornada de ayer fue frenética en el juzgado de instrucción 3, que lleva meses investigando a un ritmo trepidante los presuntos desvíos de fondos públicos en las obras y primeros eventos del Palma Arena, así como los supuestos descuadres patrimoniales de Jaume Matas, presidente del Govern del PP entre 2005 y 2007, cuando se diseñó y construyó el velódromo público.

Nueva línea de investigación

La nueva línea de investigación se abrió hace algunas semanas tras descubrirse documentación sospechosa en la agencia Nimbus, cuyo principal responsable figura entre los imputados en la pieza principal. Aunque estaba previsto que ayer declarara de nuevo el propietario de esta empresa, Miguel Romero, quien ya fue detenido el pasado verano, este trámite fue aplazado. Su abogado presentó un informe médico en el que se señala que Romero ha sufrido un revés en su estado de salud y que en estos momentos no sería conveniente que se le tomara declaración.

El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional se encarga de investigar esta ramificación del caso y ayer los agentes tenían órdenes de localizar y citar a empleados de la agencia de publicidad, profesionales de la comunicación y empresarios.

Tres de los convocados, vinculados laboralmente al grupo de empresas de Nimbus, prestaron declaración entre las 9,30 y las 11,45 de la mañana ante el juez y el fiscal. El abogado Antoni Coll asistió a uno de ellos, una mujer. Varios de estos empleados ya habían declarado con anterioridad y detallaron el proceso publicitario que se siguió para promocionar esta obra deportiva del Govern Matas.

Después, el juez tomó declaración como testigo al ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, pero en la pieza principal. Más tarde, continuaron los interrogatorios dentro de la pieza secreta que se reanudaron hasta bien entrada la tarde, tras una pequeña pausa para comer.

Al parecer, los investigadores tratan de esclarecer si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP, tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación. Estos fondos podrían haberse dado como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas.

Métodos burdos

La cuantía del presunto descuadre no ha trascendido, pero sí que se ha sabido que los métodos empleados para desviar esos caudales públicos habrían sido bastante burdos. En la pieza principal del caso Palma Arena ya existían indicios de la comisión de un presunto delito electoral por parte de dirigentes del PP y algunos de sus proveedores para las campañas.

En el registro practicado en la agencia Nimbus fueron localizados algunos documentos contables, donde aparecían llamativas notas manuscritas. Una de estas anotaciones era «si la venta va por B como al PP, no se pone», frase que fue interpretada en el sentido de que la agencia no facturó determinados servicios al partido para que éste no se excediese de su límite de gastos para la campaña. El propio representante legal de Nimbus, Miguel Romero, ha admitido en sus declaraciones que no facturó parte de los trabajos para el PP.

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