Una enmienda a la Ley estatal de Residuos aprobada esta tarde en el Senado por una amplia mayoría, con los votos de ERC-EH Bildu, PP, PSOE, Izquierda Confederal, Junts y PNV, obliga al Estado a asumir el coste del transporte de residuos entre territorios insulares, lo que incluye el caso de Formentera. Desde 2016, el Govern asumía hasta ahora íntegramente la factura del transporte terrestre y marítimo de residuos desde la planta de transferencia de es Cap (Formentera) a la planta de Can na Putxa (Ibiza), que es de 1,1 millones de euros al año. En el momento en que se apruebe esta Ley, que ahora será devuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, ese coste será asumido por el Estado.
El acuerdo responde a la negociación que ha llevado personalmente el conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, y el senador autonómico, Vicenç Vidal. Ambos mantuvieron largas reuniones ayer y esta mañana con representantes del PP y del PSOE para consensuar la propuesta que introduce una disposición adicional tercera en la Ley que indica que, a su entrada en vigor, «la Administración General del Estado establecerá medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, que no hayan podido valorizarse 'in situ' y que sean transportados por mar a la Península o a otra isla». «Esta financiación estará condicionada a la existencia de programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes, adoptados conforme a lo establecido en esta ley, que demuestre que se están adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad objeto del transporte», prosigue el texto.
El segundo punto resuelve la cuestión económica: «La Administración General del Estado habilitará anualmente las partidas presupuestarias suficientes para garantizar la financiación del coste adicional que supone el traslado de residuos por razones ambientales y de economía de escala en los territorios extra peninsulares».
El conseller balear Miquel Mir ha expresado desde el Senado su satisfacción «por el consenso alcanzado» en las largas reuniones mantenidas, que sirven para eliminar de la Ley un apéndice que supeditaba «la obligación del Estado en esta materia a la disponibilidad presupuestaria, condición que ahora desaparece», ha recalcado.
