El Consell-Ayuntamiento de Formentera es, desde 2007, una institución única en el Estado Español que aún no tiene una ley específica propia que desarrolle su identidad administrativa y jurídica al confluir en la misma entidad una administración municipal (Consistorio), otra insular y una tercera derivada de las competencias de los consells como órganos de gobierno de la Comunitat Autónoma.
De hecho, desde la creación del Consell, hace ahora 14 años, esta institución sigue funcionando con una cláusula adicional añadida al presupuesto de la Comunitat Autònoma de ese año, sin que hasta el momento se hayan aclarado algunas lagunas existentes en torno al funcionamiento de esta entidad municipal e insular.
El Estatut de Autonomía de les Illes Balears, en dos ocasiones (artículos 63.2 y 68), permite de forma plena que el Consell Insular de Formentera sea regulado por una Ley específica o bien lo sea en la Ley de Consells con las otras islas, tal y como lo recoge un dictamen del Consell Consultiu.
Por este motivo, la Comisión de Govern del Consell de Formentera aprobó y remitió el pasado 19 de octubre al Parlament balear unas alegaciones al proyecto de Ley de Consells Insular que se encuentra en trámite parlamentario.
18 alegaciones
En total son 18 alegaciones, firmadas por la presidenta del Consell, Ana Juan, que persiguen fijar de la forma más precisa posible el funcionamiento y alcance normativo que esconde esta singular figura de Consell-Ayuntamiento. Las alegaciones responden al correspondiente informe jurídico, redactado por el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro.
La comisión de gobierno lo hace suyo y pide que se incluya el desarrollo normativo en uno de los títulos, el noveno, del proyecto de Ley, introduciendo algunas modificaciones como la de «explicitar las singularidades extremas de Formentera como municipio-isla, que no se da en ningún lugar más del archipiélago y en ningún lugar más de todo el territorio español».
Esta complejidad geográfica y administrativa afecta a «la personalidad jurídica única» de esta genuina institución pero también a su naturaleza, que debe ser explicitada según las alegaciones como «plural o múltiple» y no solo doble como ocurre con el resto de los tres consells insulars.
El motivo es que afecta a «su composición, competencias, consideración institucional, régimen electoral, régimen orgánico interno y económico-financiero, competencias tributarias (también como municipio) y financiación del propio Consell».
Otra cuestión, que también recogen las alegaciones presentadas, tiene que ver con la necesidad de llevar a cabo una iniciativa legislativa, ya sea del Consell al Parlament o de este a las Cortes Generales, para introducir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para ajustar la forma en la que tiene que elegir a sus representantes en la institución electoral. Aquí las alegaciones contemplan las disposiciones adicionales que recoge la ley electoral para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y del Consell General d’Aran, en el caso de Cataluña.
El motivo es que los electores de Formentera votan según el régimen local, es decir, a concejales que varían según el número de población. Formentera tiene 17 representantes en el pleno municipal que automáticamente se convierten en consellers insulares. Aquí se produce una nueva contradicción ya que en el caso de Ceuta y Melilla se fija un número fijo de representantes en la Asamblea, al margen del crecimiento de la población. Por eso se mantiene el debate sobre si se debe seguir votando a los concejales o se busca otra fórmula legislativa.
Apoyo adicional del Govern para garantizar los servicios municipales
Con unos 13.000 habitantes, los servicios municipales dependen del Consell. En los municipios de Balears de menos de 20.000 habitantes los consells insulars coordinan y asumen la prestación de servicios municipales, lo que ocurre en todas las islas de la Comunitat menos en Formentera. Esto genera una contradicción ya que el Consell es el propio Ayuntamiento y por lo tanto no tiene acceso a esa cobertura. Por este motivo, una de las alegaciones reclama que «atendiendo a las singularidades territoriales y administrativas de la isla», el Govern sea el que tenga que prestar esa ayuda al Consell. Se refiere en este caso al «apoyo técnico, administrativo y de gestión, adicionales, para garantizar la prestación integral de los servicios municipales en la totalidad del territorio de Formentera; la asistencia y cooperación jurídica y la colaboración activa en el fomento del desarrollo económico y social de Formentera».
Propone establecer una relación con el Consell de Ibiza sobre los servicios e infraestructuras de los que depende la isla
Además, el Consell considera que ese «imperativo apoyo específico por parte del Govern debe suponer obligaciones concretas de gasto para el futuro».
El informe jurídico del secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro, suscrito por la presidenta de la institución,Ana Juan, también se refiere a «la necesidad de establecer una relación con el Consell de Eivissa y el Govern en lo relacionado a las infraestructuras y servicios generales, tanto del Estado como del Govern y del propio Consell de Eivissa, situados en la isla vecina pero de los que dependen los habitantes de Formentera».
En este caso el informe se refiere tanto a la gestión del aeropuerto de es Codolar, que también lo es de Formentera, como a la dependencia en materia de Justicia (los juzgados están en Ibiza, así como otros servicios del Estado).
Respecto a la Comunitat Autònoma, están los servicios universitarios y la atención a menores. Y con el Consell de Eivissa una larga lista, con el vertedero de Ca na Putxa a la cabeza.
