La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer y la presidenta del Govern, Francina Armengol, se han reunido con representantes de los agentes sociales y los sectores productivos de la isla para hablar sobre el plan de ayudas directas del Estado para autónomos y empresas afectadas por el covid, aprobado por el Consejo de Ministros. En el encuentro también han participado la vicepresidenta y consejera de Comercio, Ana Juan y el consejero de Economía, Bartomeu Escandell.
Según ha recordado Armengol, el Gobierno español ha aprobado el Real Decreto Ley de apoyo a las empresas más afectadas por covid, que se trata de un paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros que se articulan a través de tres mecanismos:
- Un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO, gestionado por este organismo y dotado con 3.000 millones de euros. Se calcula que las islas puedan recibir una financiación aproximada de 162 millones de euros, ya que la línea extraordinaria por covid del ICO supuso una inyección de 4.760 millones a empresas de Baleares, que es el 5,5% del total, con más de 26.385 operaciones para más de 17.800 empresas.
- Un fondo para recapitalizaciones de empresas medianas, inyectado a través de la empresa pública Cofides, con un fondo de 1.000 millones de euros.
- Un fondo de 7.000 millones en ayudas directas para pymes y autónomos afectados por la crisis del covid, gestionado por las autonomías.
Partida específica para las Islas Baleares y Canarias
El Gobierno español dedica una partida específica para Baleares y Canarias de los fondos de 7.000 millones en ayudas directas. En concreto, son 2.000 millones de euros para ambos archipiélagos, de los que corresponden a Baleares más de 900 millones, ya que se reparten en función de la pérdida de altas en la Seguridad Social a finales de 2020 respecto a finales de 2019. El resto de los fondos directos se reparten entre el resto de comunidades, según los criterios de reparto REACT-EU.
Empresas beneficiarias de Formentera
En el caso de Formentera, podrían llegar a 12.420.000 euros. El número total de empresas beneficiarias podrían alcanzar las 554, de las cuales 300 serían autónomos, 227 empresas de menos de 10 trabajadores y 27, empresas de más de 10 trabajadores.
En este sentido, la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, conjuntamente con el sector, han pedido a la presidenta del Govern que "se tengan en cuenta las especificidades de Formentera para poder garantizar que todos los empresarios o autónomos que lo necesiten puedan solicitar las ayudas" y ha aprovechado para dejar claro que "se haga de manera conjunta con el sector ".
Características de las ayudas
Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el Real Decreto Ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas.
En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar unos recursos destinados a cubrir los costes directos no atendidos o la deuda financiera entre marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
Criterios de elegibilidad
- A autónomos que no tributan por módulos y no pueden confirmar la pérdida en facturación debido al covid, hasta 3.000 euros.
- Para el resto de empresas que tributan, la Agencia Tributaria establece una pérdida mínima del 30% de la facturación en 2021 respecto al 2020 y se establecen diferentes tramos por tipo de empresa y porcentaje de pérdidas hasta un máximo de 200.000 por empresa. Estos límites se ampliarán en Canarias y en las Islas Baleares a criterio del gobierno propio. Las ayudas oscilan entre 4.000 y 200.000 euros por empresa.
Las empresas receptoras no pueden tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud. Además, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. No pueden repartir dividendos ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y deberán mantener su actividad hasta junio de 2022.
También se extienden hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, para que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.
