La empresa concesionaria del aparcamiento del puerto de la Savina, Sovalgaray Marítima, ha denunciado hoy, a través de un comunicado, estar sometida a un "acoso administrativo improcedente" por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares.

En el escrito, el representante legal de la concesionaria, Raimundo Clar, lamenta que el ente portuario mantiene una actitud de "beligerancia administrativa" hacia la empresa.

Ante las críticas vertidas ayer por la Agrupación empresarial de Vehículos de alquiler con y sin conductor de Baleares (Aevab), que aseguraba que la empresa pretendía "subastar" los locales del aparcamiento del puerto de la Savina, Clar ha asegurado que "asumirán" las condiciones impuestas por Autoridad Portuaria a pesar de considerarlas "totalmente injustificadas".

Apunta que estas condiciones no estaban contempladas en los pliegos del concurso y responden a "una evidencia clara" de beneficiar a determinas empresas de alquiler de vehículos, "y no al interés general del sector".

Desde la empresa concesionaria responden a la Aevab asegurando que se ha respetado el "derecho preferente" a ocupar un local de aquellas empresas que gozaban de él y que la APB estuvo informada de todos los pormenores del resultado de adjudicación y del procedimiento de aplicación de tarifas.

De hecho, aseguran que cinco compañías del sector, de las que dos tenían derecho preferente, "precontrataron locales y plazas de aparcamiento cuando el edificio ya se encontraba en su fase final de ejecución", dando cuenta de todo ello, con carácter formal, a la Autoridad Portuaria de Baleares.

Según Clar, "si bien Sovalgaray Marítima se verá obligada a asumir estas imposiciones", que le fueron notificadas el pasado 4 de mayo, también ha decidido reservarse "el derecho a acudir a los tribunales" y recurrir estas condiciones "tendenciosas y arbitrarias".

Por otro lado, la compañía está considerando una "inminente reclamación de responsabilidad patrimonial" contra la administración portuaria y contra los funcionarios que han "contribuido y promovido" estas acciones por un retraso injustificado, que se está traduciendo en "importantes pérdidas económicas y un perjuicio evidente al usuario del puerto"