Sánchez levanta un escudo para proteger sectores estratégicos de la industria española

Poco a poco, y atando unos cabos con otros, el Gobierno va conformando la malla con la que blindar los sectores estratégicos de la industria española. El objetivo incluye levantar un escudo protector en torno a las empresas estratégicas frente a determinadas operaciones de inversión extranjera de países con "ideas no afines" que pudieran apisonar la españolidad de su capital. 

Así, bajo el principio general de la “autonomía estratégica abierta” que se ha impuesto en la Unión Europea, el Gobierno avanza en una nueva política industrial que incluye ciertas dosis de un proteccionismo sin complejos que, por ejemplo, le ha llevado a decidir la vuelta del Estado al capital de Telefónica, 27 años después de la privatización definitiva de la operadora. El airado rechazo del ministro Oscar Puente de la opa lanzada sobre Talgo por la firma húngara Magyar Vagon es otra muestra de ello.

El concepto de "autonomía estratégica abierta" tiene como prioridad fortalecer y asegurar las capacidades de producción internas de la UE, sobre todo en sectores considerados críticos. El objetivo es asegurar que Europa y España puedan mantener su soberanía en decisiones estratégicas sin ser excesivamente vulnerables a presiones externas, como se resume en el Informe Anual de Seguridad Nacional 2023, de reciente publicación. “La política industrial de España refleja este cambio de paradigma que se orienta al equilibrio entre la apertura económica y la garantía de suministro de recursos esenciales y estratégicos como un reto a la Seguridad Nacional”, sostiene el informe. “En 2023 se ha producido un aumento del interés de inversores internacionales en las empresas estratégicas nacionales”, advertía el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, como parte de las amenazas y riesgos para los intereses nacionales en materia económica y financiera.  

Ya en el documento 'Resilient EU2030' que la Presidencia española de la UE llevó al Consejo informal de Granada el pasado 5 de octubre (en plena polémica por la intención de la saudí STC de convertirse en principal accionista de Telefónica), el Gobierno recomendaba "monitorizar y limitar la posesión o el control de empresas extranjeras” sobre compañías europeas de ciertos “sectores estratégicos e infraestructuras críticas”. En particular, adoptando el lenguaje que se ha acuñado en la UE, el documento español recomienda que se preserve y fomente la presencia de empresas extranjeras de países “ideas afines”, mientras se trabaja para “limitar de forma gradual el dominio” de aquellos con “con ideas no afines”, en referencia singularmente a países no democráticos. 

La caja de herramientas de la que se está dotando el Gobierno para tejer es nueva política industrial incluye un buen puñado de palancas. Estas son algunas de ellas:

1.- Entrada del Estado como accionista

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha hecho uso del instrumento más directo para proteger empresas que se consideran estratégicas: entrar directamente como accionista de referencia para blindarlas frente a las pretensiones de compradores indeseados o sobre los que existen dudas. Lo hizo en el grupo de tecnología Indra, elevando la participación en manos del Estado hasta el 28% y de facto tomando el control con el objetivo de convertirlo en el nuevo campeón nacional en el sector de la defensa. Y lo está haciendo ahora con Telefónica, en la que ha entrado ya como accionista con un 5% y aspira a controlar un 10% para contrarrestar la irrupción de Arabia Saudí en el capital de la teleco.

El Gobierno ha dejado también la puerta entrebierta a una eventual entrada directa en el capital de la energética Naturgy ante el interés de Emiratos Árabes y también en el fabricante ferroviario Talgo frente a la opa del grupo húngaro Magyar Vagon (aunque en ambos casos, la entrada en el capital de estas compañías no es el plan A del Ejecutivo y busca otras opciones a través de empresas privadas españolas).

El instrumento ejecutor de las operaciones en Indra y en Telefónica ha sido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente de Hacienda y que es el brazo inversor con el que se controla multitud de empresas total o mayoritariamente públicas (Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa o Enusa) y que también cuenta con paquetes minoritarios en grupos de sectores estratégicos, tanto cotizados como no cotizados, como el grupo aeronáutico Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), la empresa de residuos nucleares Enresa (20%), el grupo de satélites Hispasat (7,41%), el grupo aéreo IAG (2,53%) o el gestor del sistema eléctrico Redeia (20%).

2.- El ‘escudo antiopas’

El Ejecutivo levantó el denominado ‘escudo antiopas’ en plena pandemia para proteger compañías de sectores estratégicos (singularmente, energía, telecomunicaciones, medios de comunicación, infraestructuras, defensa o transporte) y evitar operaciones de compra indeseadas por parte de inversores extranjeros aprovechando el hundimiento en bolsa o situaciones financieras complicadas por el parón económico. Una legislación específica para preservar compañías vinculados a los intereses nacionales que se reforzó el pasado verano y que obliga a grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10%, y que en el caso de compañías vinculadas directamente al sector de la defensa ese umbral se rebaja hasta el 5%.

El Ejecutivo ha aprovechado este instrumento para imponer condiciones en varios grandes movimientos corporativos. Se ha obligado a reservar una parte del capital a inversores españoles en las operaciones de compra de ITP o de Celsa; se limitó la participación que la francesa Vivendi podía tomar en Prisa; al fondo australiano IFM se le impuso para su opa parcial sobre naturgy obligaciones de inversión, de retener la sede en España o de mantener empleo; y la fusión de Orange España y MásMóvil ha estado vinculada a un ambicioso plan industrial y de inversiones, entre otras operaciones.

El ‘escudo antiopas’ se ha erigido en un recurso crucial en la irrupción de Arabia Saudí en Telefónica, dado que la operadora Saudi Telecom debe con la autorización gubernamental para superar su actual paquete directo del 4,9% en la teleco y alcanzar el 9,9% pretendido o para entrar en el consejo de administración. Y también será clave en la entrada del grupo energético abudabí Taqa en Naturgy, ya que debe contar con el ‘ok’ del Gobierno español simplemente para superar el 10% de la energética, cuando sus planes pasan por comprar el 41% en manos de los fondos CVC y GIP y lanzar posteriormente una opa por el 100% del capital.  

3.- Alianza con inversores afines

En los últimos días el Gobierno ha desvelado que busca activamente inversores españoles para armar una contraopa sobre Talgo para poner coto al desembarco de un grupo húngaro, Magyar Vagon, tras el que el Ejecutivo español ve vinculaciones con intereses rusos. El planteamiento que se maneja en Moncloa es buscar un socio industrial que lance su propia oferta de compra sobre el fabricante ferroviario y que lo haga con el apoyo de CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa y un nombre que ahora aparece vinculado en numerosas operaciones de blindaje de grupos estratégicos españoles en aparente alianza con el Gobierno.

Y es que Criteria, el holding presidido por Isidro Fainé, está tomando un papel protagonista en las actuales sacudidas accionariales en Telefónica y en Naturgy. El instrumento inversor de La Caixa ha elevado su participación en Telefónica hasta el 5% (a la que se suma el 2,5% en manos de CaixaBank, de la que es su principal accionista) mientras el Estado sigue elevando su presencia en la teleco a través de SEPI para contener el posible impacto de la irrupción de Arabia Saudí. Y CriteriaCaixa también aparece como gran muñidor de la operación de entrada de Emiratos Árabes en Naturgy para sustituir a los fondos CVC y GIP, pero manteniéndose en el accionariado como garante de la españolidad de la energética.

El Gobierno ya se ha apoyado también en inversores afines para conseguir el control de empresas estratégicas. Es el caso de Indra, en la que el aumento de la participación del Estado español hasta el 28% ha ido acompañado de la entrada de otros grupos españoles del sector de la defensa como Escribano (8%) y SAPA (7,94%) y también del fondo Amber (7,24%), comandado por Joseph Oughourlian y que también es el principal accionista del Grupo Prisa.  

4.- Una nueva ‘SEPI digital’

El Gobierno ha activado el proceso para crear con carácter de urgencia una nueva compañía pública que servirá para canalizar inversiones estatales en el sector tecnológico (tanto para impulsar start ups como eventualmente para concentrar participaciones en grupos de mayor tamaño) y que concentrará los grandes programas de ayudas a la industria digital. La futura Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT) busca ser un nuevo coloso estatal con una capacidad inicial de inversión de unos 20.000 millones de euros que está llamado a ser una suerte de ‘SEPI digital’.

La futura SETT ejecutará inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, en particular las telecomunicaciones, los semiconductores, la digitalización o el sector audiovisual. La compañía pretende agrupar las participaciones del Estado en sectores de alta, tecnología, telecomunicaciones y digitalización. El propio ministro José Luis Escrivá ha dejado la puerta abierta en varias ocasiones a que en un futuro la nueva SETT acabe siendo el que controle la participación accionarial del Gobierno en Telefónica, aunque ahora sea la SEPI la que esté ejecutando la compra de acciones en la teleco. Y la sociedad también apoyará a empresas con actividad en España mediante la concesión de créditos, la toma de acciones u otras participaciones minoritarias o la concesión de subvenciones.

5.- Un minifondo soberano para inversión extranjera

El Consejo de Ministros ha aprobado este 16 de abril la regulación del que ha sido bautizado como Fondo de Coinversión (FOCO). Se trata de un instrumento financiero público, dotado con 2.000 millones provenientes de los fondos europeos Next Generation EU. Este minifondo soberano estará operativo hasta 2026 y realizará principalmente inversiones de capital en empresas privadas que acometan proyectos de inversión en el territorio nacional. Las inversiones de FOCO se harán siempre de forma conjunta con un co-inversor extranjero, que podrán ser tanto instituciones financieras públicas como inversores institucionales privados extranjeros.

6.- Complicidad de Criteria

En el despliegue del escudo industrial, el Gobierno parece contar con la complicidad de Criteria (brazo inversor de la Fundación La Caixa, que preside Isidre Fainé, y principal fondo inversor nacional). La Moncloa admite contactos con Criteria para monitorizar la entrada árabe en Naturgy. Contar con el acompañamiento de Criteria en la operación emiratí en Naturgy y lograr que el brazo inversor de La Caixa se mantenga como accionista de referencia de la gasista española puede liberar al Gobierno de tener que entrar en el capital la energética (cosa que sí está haciendo en Telefónica). La complicidad de Criteria también podría estar detrás de la solución que el Gobierno quiere para Talgo.

Sin duda, la presencia del Estado en Caixabank, donde coincide en el consejo de administración con la Fundación La Caixa, concede un marco de entendimiento al Gobierno con Criteria. En su objetivo de configurar un núcleo estable español en Telefónica, el Estado también está contando con la complicidad de Criteria -que recientemente ha comunicado que ha superado el 5% de la operadora- , así como con la de BBVA, cuyo presidente, Carlos Torres, se ha mostrado "cómodo" con su participación del 5% en la teleco estratégica española.

7.- El paraguas europeo

Las instituciones europeas han adoptado una decidida apuesta por la "autonomía estratégica" de la UE en materia industrial, de seguridad, tecnológica o sanitaria, entre otras. La estrategia incluye acciones proactivas, que incluyen cambios regulatorios o inversiones para reforzar las capacidades europeos, como, por ejemplo, el plan REPower EU, para acelerar el despliegue de las energías renovables y las interconexiones estratégicos. Pero la estrategia también incluye medidas defensivas, para proteger la industria europea de la competencia desleal de países que subsidian su producción, como China. Así, por ejemplo, la Comisión Europea ha anunciado recientemente una investigación a fabricantes chinos de turbinas eólicas que operan en España. "Esta vía de control de la inversión extranjera, centrada en que todos juguemos con las mismas reglas y se respeten las reglas de competencia," es la única herramienta defensiva que tiene sentido en la UE en razón del origen del capital, subraya el Jorge Galindo, director adjundto de EsadeEcPol.

8.- Reservas estratégicas

El anteproyecto de ley de industria que pretende impulsar el ministro Jordi Hereu incluye un capítulo que trata sobre el mecanismo de anticipación y respuesta a crisis de suministro de recursos de primera necesidad o carácter estratégico mediante la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) -que tanto protagonismo cobró durante la pandemia, para el aprovisionamiento de mascarillas y respiradores-,  así como la vigilancia de dependencias estratégicas, cuando sea el caso, en coordinación con la UE. Esta reserva debe servir de garantía del autoabastecimiento de las cadenas de valor industriales de carácter estratégico, y para reducir la dependencia de materias primas importadas de países cuyas normas no cumplan los principios de la UE. El órgano de gobierno de la RECAPI será el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (en adelante CECOPIE), adscrito a la Secretaría General de Industria y de la PYME.