Negociación europea

España pide la reforma urgente del mercado eléctrico para impulsar la competitividad en la UE

En un documento remitido al resto de gobiernos europeos fija entre las prioridades establecer procedimientos acelerados para los proyectos financiados con fondos 'Next Generation'

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen.

Silvia Martinez

El debate sobre los subsidios verdes de Estados Unidos y la ley de reducción de la inflación (IRA en sus siglas en inglés), la revisión de las ayudas de estado europeas y cómo impulsar la competitividad de la industria del viejo continente se anima. En dos semanas se reúnen los líderes de la Unión Europea, en una cumbre extraordinaria para negociar una respuesta coordinada convocada el 9 y 10 de febrero, y gobiernos e instituciones empiezan a buscar alianzas y tomar posiciones. Siete países de la UE han rechazado públicamente, en una carta remitida al vicepresidente de la Comisión EuropeaValdis Dombrovskis, la creación de nuevas líneas de financiación, subsidios excesivos o crear nuevas “tensiones comerciales” con Estados UnidosEspaña también mueve ficha y pone el acento en la necesidad de reformar urgentemente el mercado de la electricidad y en impulsar “procedimientos acelerados” para los proyectos financiados con fondos Next Generation.

El documento, remitido al resto de gobiernos europeos en vísperas de que Bruselas presente el próximo miércoles su plan y del debate posterior que mantendrán los Veintisiete, plantea la adopción de un pacto para una economía verde a partir de cuatro pilares: energías limpias a precios asequibles, reglas de estado ajustadas a los objetivos y reforzar el mercado interno, un enfoque coherente para impulsar la financiación verde en los mercados públicos y privados y normas reforzadas de comercio internacional. “Se necesita una reforma común europea de forma urgente para preservar el papel de liderazgo de la UE como potencia tecnológica y comercial en un contexto mundial cada vez más complejo y desafiante”, arranca el texto de siete páginas y fechado el 25 de febrero.

Mercado eléctrico

Según el Gobierno, los persistentes elevados precios del gas, la alta volatilidad que impide la toma de decisiones de inversiones a largo plazo, el creciente proteccionismo, los cuellos de botella y las incertidumbres a nivel mundial en las cadenas de suministro de materias primas y bienes industriales así como los subsidios masivos de algunos países están teniendo un significativo impacto en la competitividad de la industria europea que paga más por el gas natural y la electricidad que sus competidores americanos y asiáticos. Por eso España entiende que lo más urgente es reformar el mercado de la electricidad.

“La experiencia de 2022 muestra que el diseño actual del mercado de la electricidad se convierte en altamente disfuncional con precios elevados del gas natural. De hecho, no está preparado para episodios de precios elevados y volátiles”. Por ello, el Gobierno defiende la propuesta de reforma remitida hace unas semanas al Ejecutivo comunitario en la que apuestan por basar el nuevo modelo en “contratos a largo plazo” que aseguren precios en línea con los costes medios, seguridad de suministro, incentivos para las renovables, el almacenamiento y la gestión de la demanda. 

Ayudas públicas

El segundo gran pilar, y otro de los elementos en los que trabaja la Comisión Europea, es la revisión de las reglas sobre ayudas públicas. España quiere que haya “procedimientos acelerados” para proyectos estratégicos incluidos en los planes nacionales de recuperación. También para proyectos en sectores clave cuyo objetivo sea aumentar la autonomía estragética, tecnológica o energética como pueden ser las energías limpias, los semiconductores, los vehículos eléctricos y las tecnologías críticas. Por ejemplo, menciona la producción de paneles solares, de generación de hidrógeno renovable o la producción de baterías para coches eléctricos.

“En la coyuntura actual, la ejecución eficiente es tan importante como la cantidad de apoyo público. Por tanto, es necesario agilizar los procedimientos de ayuda estatal para que las empresas puedan tener certidumbre sobre el calendario y el importe de los subsidios, al tiempo que se evitan distorsiones significativas en el mercado interior que lleven a desequilibrios más profundos”, apunta el documento. Según el equipo de Pedro Sánchez el nuevo marco temporal de ayudas de estado tendría que ser más transparente, adaptado a la duración de los proyectos estratégicos (PERTE) e industriales previstos, que limite el alcance en tiempo y a sectores concretos, y con un mecanismo de implementación más simple.

Financiación y fondo soberano

En cuanto a la financiación verde, a corto plazo España defiende utilizar la financiación existente en el presupuesto de la UE: desde el programa Next Generation hasta el Repower EU o el Fondo de Transición Justa entre otros. En este sentido, el Gobierno recuerda que su intención es aprovechar todos los recursos disponibles en el plan de recuperación aunque admite que la UE tendrá que mantener su actual esfuerzo inversor más allá de 2026. No se pronuncia sobre la creación del nuevo fondo soberano europeo planteado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para apoyar la investigación innovación e industria. 

Aunque a corto plazo Bruselas apuesta también por aprovechar los "cientos de miles de millones de euros del mecanismo de recuperación y reactivación", señalan en un artículo de opinión firmado por los tres vicepresidentes: Margrethe Vestager, Frans Timmermans y Valdis Dombrovskis. Los tres admiten que el plan de subsidios masivos de Joe Biden coloca en desventaja a la industria verde europea y continúan preocupados por algunos elementos discriminatorios de la ley, pero consideran que entrar en un tira y afloja con las mismas armas podría "causar un daño económico significativo" y que aunque los cambios en el marco de ayudas de estado pueden aportar un alivio, aumentar masivamente las subvenciones, cuando los países de la UE, no tienen el mismo margen fiscal puede llevar a "la fragmentación del mercado único".