Mimados por la República y despreciados por el franquismo, los maestros sufrieron como pocos colectivos la represión desatada a partir del 18 de julio de 1936. Mallorca cayó muy pronto del lado sublevado y quienes habían sido los pilares de una educación transformadora —escuela laica y pensamiento libre—, fueron señalados y en muchos casos reprimidos. Aquel día la vida también cambió para los 145 maestros que ejercían en el municipio de Palma, puestos bajo sospecha por las nuevas y suspicaces autoridades. ¿Qué pasó con todos ellos? Esa pregunta es el origen de una investigación histórica que Pere Carrió ha recogido en el libro El magisteri depurat a Palma durant la Guerra Civil.
«Ahora la gente habla de lo que pasó, pero es un tema que siempre ha estado silenciado. Mi maestro era don Santiago, un hombre al que siempre veía triste, afectado, pero yo no sabía por qué. Ahora he sabido que estuvo encerrado en la cárcel durante años, y después recuperó la plaza. Eso me afectó, fue como un golpe, y es una de las razones por las que me he acercado a este tema», explica Carrió. Profesor e inspector de Educación jubilado, y expresidente del Consell Escolar, ha recuperado la memoria de aquellos maestros impulsado por su curiosidad y una meticulosa investigación en archivos históricos. El libro está editado por el Ayuntamiento de Palma y su publicación forma parte del programa de actos organizados por Cort para conmemorar el Día del recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
La investigación de Carrió también nace de una frustración, la que sintió hace algunos años cuando firmó, con otros autores, Les escoles de Palma en temps de la II República. «Buscamos todas las escuelas que había en aquellos años y nos dimos cuenta de que había mucho silencio y poca información; no sobre el edificio en sí, sino sobre lo que había pasado dentro. Encontrar la caja negra siempre es lo más difícil. Así que el libro me dejó un poco insatisfecho. Estaba muy bien, con datos y fotografías, pero no pasamos de ahí», explica este docente jubilado que decidió aprovechar su conocimiento del terreno que pisaba para convertir aquel «silencio» en palabras.
«He descubierto que algunas personas tuvieron a sus abuelos encerrados, pero no lo decían. Me he acercado a este tema desde la objetividad y la investigación. Habiendo estado ligado a la educación a través del Consell Escolar y como inspector de Educación, tenía acceso a muchos documentos que están en el archivo de educación de Inca, el fondo Natzaret y el fondo Lleonard Muntaner. Ahí estaba la depuración», enfatiza Carrió.
El primer paso fue establecer cuántos maestros ejercían en Palma aquel verano de 1936 que lo cambió todo. Carrió encontró la cifra en el libro de nóminas custodiado en el archivo de Inca: 145, incluyendo una maestra asignada a Cabrera. Fue una de las sorpresas con las que el investigador se topó durante su trabajo. «El islote dependía administrativamente de Palma y cuando en 1936 el Frente Popular ganó las elecciones, se pensó que las tres familias con niños que vivían allí necesitaban una escuela. Así que se nombró a una maestra para que se trasladara allí en septiembre. Nunca llegó a incorporarse porque en julio hubo el golpe de Estado», explica.
«Todo fue una farsa»
Fueron depurados 44 de aquellos maestros que ejercían en el municipio, treinta hombres y catorce mujeres. Son cifras a las que Carrió pone caras, nombres y apellidos. Y que hablan de un proceso humillante que empezó con la inhabilitación preventiva de todos ellos, los que acabarían siendo represaliados y los que pudieron continuar en la docencia tras declarar —y demostrar— su adhesión al régimen.
«Si no, estaban fuera de la escuela. La mayoría firmó, y después vino la purga. El contexto es importante porque el 19, solo un día después de la sublevación, en Mallorca se declara un estado de guerra. Es uno de los primeros lugares de España en los que eso sucede, mientras que en buena parte de la península la República seguía controlando la situación», recuerda Carrió.
El instrumento clave fue la Comisión Depuradora de Magisterio, al frente de la cual estaba el Gobernador civil. Dividieron a los maestros entre buenos, que pudieron volver a las aulas aquel curso 1936/37, y malos, que en muchos casos habían tenido vinculación con sindicatos o partidos de izquierdas. «A todo se le da una apariencia de legalidad, con publicaciones en el boletín oficial incluidas», destaca el investigador. «Por supuesto es todo una farsa, no hay un Estado de Derecho ni nada que se le parezca, pero a ellos les interesa dar esa apariencia», señala.
Los 44 maestros a los que se les abrió expediente sufrieron diferentes niveles de depuración. Dieciséis de ellos fueron encarcelados y tres fueron asesinados. Hubo escenarios menos penosos, como inhabilitaciones para ejercer durante meses, años o toda la vida. De hecho, hubo incluso quien no recuperó su pensión hasta años después de morir el dictador. «Fueron depurados porque el maestro era una persona privilegiada en relación a la educación de los niños, y muchos maestros estaban a favor de la República. Podríamos decir que fue una operación de limpieza», argumenta Carrió.
El magisteri depurat a Palma durant la Guerra Civil identifica a aquellos maestros y especifica la causa de su expediente y la sanción que enfrentaron. «Casi todos los que acabaron en la cárcel lo hicieron por su vinculación a partidos del Frente Popular, socialistas o comunistas. O porque estaban vinculados a UGT, sindicato mayoritario entre los maestros en aquel tiempo», destaca su autor.
Carrió arroja luz sobre el destino de los docentes de Palma que perdieron la vida. «Fernando Leal fue un inspector asesinado en una cuneta a manos de falangistas. Un profesor de la Normal, José María Olmos, fue juzgado y sentenciado a muerte, y lo mataron en el cementerio de Palma. Al director de la escuela de es Coll den Rabassa, Josep Lliteres, le cogieron en Son Servera. Hay quien dice que lo mataron en Palma, pero según documentación registrada en el juzgado de Manacor parece que lo mataron en un cruce de caminos de la misma localidad de Son Servera», explica el investigador.
Apariencia de legalidad
En otros muchos casos hubo penas de cárcel, inhabilitaciones, suspensiones temporales de sueldo y traslados forzosos a la península, y no siempre motivadas por una actividad política. A Francisca Catany, por ejemplo, las nuevas autoridades franquistas le imputaron haberse adelantado a su tiempo. «Era una maestra de ses Finestres Verdes [escuela inaugurada por el alcalde Emili Darder en 1934 que hoy es el CP Alexandre Rosselló]. La acusaron de ser la primera de España en hacer coeducación, que era dar clases a niños y niñas juntos en la misma aula. Así lo prescribía la República, aunque en la realidad era una práctica muy excepcional incluso en aquellos años», cuenta este investigador.
Los represores encontraron un amplio abanico de razones que justificaran la depuración, y se tomaron mucho trabajo para recabar testimonios —incluidas delaciones de padres de alumnos— y documentos inculpatorios. Todo, insiste Carrió, para dar a aquellos procesos una apariencia de legalidad. Se le escapa una carcajada cuando relee en una de las fichas reproducidas en su libro que la maestra Francesca Xamena fue expedientada por haber «sostenido correspondencia con el exalcalde de Inca, Antonio Mateu, elogiando las obras de Afrodita y canciones de Bilitis». El regidor acabaría siendo asesinado en el cementerio de Palma con Emili Darder en 1937.
En el libro figuran otros expedientes como el de Pilar Pol: «La Pol de Finestres Verdes y su esposo, así como su madre de Casablanca, extremista y exaltada. Siendo la causa de esta ideología su marido, que servía en la escuela de Finestres Verdes». O Margarita Coll, «esposa de Jaime Morro, de ideas comunistas como su esposo». O Salvador Sunyer, al que se considera «columna de la UGT». «Como propagandista se le considera masón», añaden los represores. Y no ahorraban en detalles para justificar la depuración, por muy grotescos que fueran. Acusaron a la maestra Bàrbara Bernat «de ideas francamente socialistas. Acompañada de Ataulfo [otro maestro] no asistía a misa, pues decía que esto de la misa es una cosa de anticuallas. Y que él, cuando su padre lo mandaba, decía que solo iba a ver el color de la casulla del celebrante. Los dos juntos frecuentaban los cafés del Born».
El inicio del curso se retrasó —en octubre empezaron a salir las primeras listas con los nombres de los maestros que podían volver a la escuela— mientras el nuevo orden se esforzaba por revestir la represión debajo de una coraza de normalidad. Pero la maquinaría no se detenía. Según ha podido acreditar Carrió, cuatro de los cinco inspectores de Educación que ejercían en Palma fueron depurados. Con la excepción de una inspectora, que esquivó el expediente porque se encontraba en Valencia. La represión alcanzó también a profesores del Institut y de otros centros educativos como las escuelas de trabajo, de comercio, de música y de artes y oficios.
La Comisión Depuradora de Magisterio desapareció en 1942 y los tribunales ordinarios le tomaron el relevo. Parte de los maestros depurados presentaron recursos pero, lamenta Carrió, muchos de ellos no se resolvieron hasta que se aprobó la Ley de Amnistía.
