El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer el derecho a la información y a la pluralidad informativa al ser preguntado por el registro de la Policía, con una orden judicial, en las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press, en el que requisaron ordenadores y teléfonos móviles para averiguar una fuente de información. «Ahora estamos en el inicio del proceso. Respetamos la independencia del Poder Judicial pero, lógicamente, nosotros si tenemos que defender algo es eso, el derecho a la información», defendió Sánchez en declaraciones a los periodistas al término de la cumbre europea de dos días.
Sánchez insistió en que su Gobierno «por supuesto, respeta el derecho a la información y también la pluralidad informativa, sin duda alguna».
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también mostró su apoyo a la defensa de la libertad de expresión y confió en que la Justicia resuelva la polémica levantada por la incautación de material periodístico «de manera adecuada». «Este Gobierno está en la defensa constitucional de la libertad de expresión y de todas sus herramientas y, por lo tanto, tiene confianza en que este asunto se resolverá de la forma más adecuada», respondió Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por este asunto.
La ministra de Educación recordó que este diario y la agencia de noticias, además de los dos periodistas a los que el juez Miquel Florit ordenó requisar los móviles y ordenadores presentaron el juevesen Palma una querella criminal contra el magistrado.
«Confiamos en el sistema», un sistema que además es «garantista», y España, «afortunadamente», un Estado de derecho, concluyó la portavoz. Diario de Mallorca presentó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears una querella criminal contra el juez Miquel Florit. Se le acusa de los delitos de «prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción». La acción penal también va dirigida a «las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos».Devolución de lo incautado
En el escrito se solicitaba que el Tribunal Superior de Justicia ordene al Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallora y a la Policía Judicial «la inmediata devolución a sus propietarios de los materiales (dispositivos de teléfonos móviles, ordenadores, pendrive y documentación en papel) incautados en ejecución del auto calificado en la presente querella como prevaricador y, asimismo, la inmediata eliminación de cualquier dato o copia que se haya extraído de los mismos, que se haya hecho constar en cualquier soporte material o virtual, en papel o informático».
Asimismo, se reclamaba la declaración del magistrado querellado, así como la declaración testifical de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou. La querella sostiene que «el auto de entrada y registro e incautación de material periodístico dictado por el magistrado querellado es prevaricador porque constituye una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional».
