El Parlament balear ha aprobado la primera ley educativa con el apoyo del Pacto junto a Més per Menorca, Gent per Formentera y El Pi. PP, Cs y Vox han votado en contra. El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha asegurado que se trata de una ley educativa de "continuidad" que aporta "coherencia y estructura" al sistema educativo de las Islas. Así, ha agradecido a todos los grupos menos a Vox su "voluntad de consenso y negociación" pese a no haber podido llegar a grandes acuerdos
La cuestión lingüística ha centrado gran parte del debate sobre la Ley de Educación balear. Sin embargo, más allá de este aspecto, la nueva legislación establece más novedades.
Autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos
Uno de los puntos centrales de la legislación entrante es la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros. Si los colegios se han visto encorsetados en los últimos años en su labor, esta Ley, en la misma línea de la Lomloe, otorga un papel importante al proyecto educativo y a la evaluación de los logros de los objetivos.
Garantiza una educación 0-3 universal y gratuita
La primera etapa escolar es de vital importancia en el desarrollo de los niños, y en más de una ocasión se ha hablado de que la desigualdad marca a estos escolares. La nueva regulación garantiza la extensión gradual de la educación infantil de 0 a 3 años, y sienta las bases para universalizarla y hacerla gratuita progresivamente.
Amplía la oferta de FP y la adapta a las necesidades de Balears
Del mismo modo, la normativa impulsa y amplía la oferta pública de la formación profesional adaptada al tejido productivo de Balears, y establece que la modalidad de FP dual se formaliza exclusivamente con un contrato de formación y aprendizaje.
Los alumnos por clase bajarán al menos un 10%
La Ley establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, la Administración tiene que elaborar un plan que tenga como objetivo la reducción progresiva de las ratios máximas en, al menos, un 10%.
Dedica al menos un 5% del PIB de las islas a la educación pública
La legislación viene acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento de lo que se prevé en su articulado, que recoge el compromiso de llegar a al menos el 5% del producto interior bruto de inversión en educación en el plazo de ocho años.
El plan para realizar y reformar centros se revisará cada dos años
El Govern estará obligado a tener un Plan de Infraestructuras educativas revisable cada 2 años y tiene que contener memoria económica y previsión de financiación.
