Anuario Diario de Ibiza 2023 - Política
Los casos de corrupción salpican a la izquierda pitiusa
Del caso Puertos al caso Amadiba, varios asuntos han implicado a políticos de PSOE, Podemos y Gent x Formentera
Alejandra Ferrer, tras declarar en el juzgado de Ibiza. | TONI ESCOBAR
Varios asuntos en fase de instrucción han obligado a políticos ibicencos a declarar ante el juez por la presunta comisión de delitos este 2023.
En el mes de febrero los servicios jurídicos del Consell de Ibiza decidían llevar ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en la contratación de servicios a Amadiba entre los años 2017 y 2019.
El equipo de gobierno de la legislatura 2015-2019 podría haber encomendado unos trabajos de manera verbal, sin ningún tipo de procedimiento y sin el aval de ningún técnico de la corporación.
Fruto de la instrucción de este asunto la magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, citó a declarar en abril, en calidad de investigada, a la exconsellera de Bienestar Social Lydia Jurado, de Podemos, por el caso Amadiba.
Ese mes de abril también otro juzgado de instrucción, el número 3 de Palma, citó a declarar al alcalde Vila, Rafa Ruiz, para aclarar su participación en los hechos que se investigan en el denominado caso Puertos, entre ellos la adjudicación de la gestión del Club Náutico Ibiza (CNI).
El PSOE defendió en aquel momento la inocencia de Ruiz y le mantuvo como candidato a las elecciones locales y autonómicas.
La que no mantuvo la confianza del Partido Socialista fue Marta Díaz sin que existiera en su momento procedimiento judicial abierto contra ella. Un proceso que ha iniciado este año el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, que admitió a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuesta en abril del año pasado contra la consellera Marta Díaz por los gastos irregulares de representación durante su etapa como vicepresidenta segunda del Consell.
También en Formentera hubo citaciones judiciales a los exconsellers Alejandra Ferrer, Bartomeu Escandell, Rafael Ramírez y Paula Ferrer.
El juzgado de instrucción 1 de Ibiza les llamó a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de adjudicación de amarres en s’Estany des Peix.
