PALMA | EUROPA PRESS
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, apostó ayer por la regularización de la prostitución, si bien recordó que esto no depende de la Comunidad Autónoma, sino de una decisión del Estado, que, a su juicio, debería «reglamentar» esta actividad «pensando que es un problema que viene provocado por la desigualdad real entre hombres y mujeres y en el que siempre hay detrás mucha pobreza y marginación».
Con motivo de unas jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Balears sobre la prostitución callejera, Santiago consideró que el Ejecutivo central debe aprobar una serie de normas jurídicas, que den toda una serie de garantías y derechos de carácter económico y sanitario a todas aquellas personas que ejercen la prostitución en España.
Además, recordó que la ONU y la Unión Europea sostienen que la prostitución podría regularizarse como una actividad económica, siempre y cuando las prostitutas «no estén ligadas a ningún empresario», por lo que acusó a los Ayuntamientos que prohíben esta actividad en la calle de «atentar contra los mandamientos» de las citadas organizaciones, ya que «obligan» a las mujeres a ejercer la prostitución en clubs «dependiendo de proxenetas».
Santiago apuntó que los estudios sobre la prostitución revelan que sólo entre el 3 y el 5 por ciento de las personas que ejercen esta actividad lo hacen por voluntad propia, mientras que en el resto «no ha sido una elección personal», sino que se ha visto obligado por sus circunstancias económicas o por mafias que se dedican a la trata de mujeres.
