La lista de espera del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) para acceder a una vivienda de protección oficial (VPO) en Ibiza se sitúa actualmente en las 1.000 personas. Esta cifra no está depurada y, por tanto, recoge a todos los solicitantes de la isla tanto si cumplen o no las condiciones que marca el Ibavi para optar a una vivienda social.

El nuevo plan de vivienda del Govern balear prevé la construcción de 206 viviendas de protección oficial en cuatro promociones con una inversión de 18 millones de euros. El Govern espera que las obras de todas las promociones proyectadas en la isla arranquen este mismo año.

Acompañados por el presidente del Consell, Vicent Torres, y el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller balear de Territorio, Marc Pons, visitaron ayer el solar de la calle Xarch (número 15) de Vila, situada detrás de la discoteca Pachá, donde se prevé acometer la primera promoción de 19 pisos.

Pons reconoció que el número de viviendas previsto es «insuficiente» para cubrir la demanda que hay actualmente en el Ibavi, pero, resaltó, es «un paso en el buen sentido». «Hay muchas otras medidas», destacó acto seguido el conseller: «La nueva ley de vivienda [que tramita el Parlament] permitirá que los grandes poseedores con pisos vacíos tengan la obligación de ponerlos a disposición del Govern para que este los ofrezca en alquiler durante tres años. Nos hemos marcado el objetivo de llegar a 5.000 viviendas en el conjunto de Balears a 10 años vista, con un plan específico para Ibiza, que es donde más se sufre el problema de la vivienda».

Sólo 75 pisos sociales en la isla

Ibiza arrastra un déficit considerable en viviendas de protección oficial, ya que sólo dispone de 75 pisos. Precisamente, Armengol subrayó que esta legislatura se ha dado «un cambio radical» a la política de vivienda, que quedó «olvidada» durante el anterior Govern, del PP. En este sentido, el conseller Marc Pons explicó que el precio del alquiler de los pisos no se fijará en función de su superficie, sino de los ingresos del solicitante. Así, en ningún caso el coste del alquiler puede superar el 30% de los ingresos de la familia a la que se le adjudique la vivienda, remarcó Pons.

Marc Pons también apuntó la importancia de las ayudas que ofrecen el Estado y el Govern a las familias con ingresos bajos para el pago del alquiler de su casa. En concreto, en Ibiza se benefician de este apoyo económico unas 280 familias, 180 que abonan un alquiler de hasta 600 euros mensuales y otro centenar que abonan entre 600 y 800 euros. En este último caso, es el Govern el que hace frente a esta ayuda.

Asimismo, el alcalde de Vila recordó que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) Vila contempla que toda entidad privada que pretenda edificar tendrá la obligación de reservar el 30% a vivienda pública. La mitad de este porcentaje deberá ofrecerse en régimen de alquiler. «La política de vivienda no es sólo cosa de un gobierno o de las instituciones públicas. Hay que garantizar el acceso a la vivienda entre todos», resaltó. El otro frente es el alquiler turístico, al que, dijo Ruiz, hay que «combatir». «La ciudad de Ibiza lidera la lucha contra esta situación que nos desborda», agregó el alcalde, al tiempo que señaló que la promoción de 19 VPO en la calle Xarch es «el primer grano de arena».